Juan José Martínez (CC) es el concejal de Hacienda de Santa Cruz, también lo es de Patrimonio Municipal y de Recursos Humanos. Áreas todas ellas de vital importancia y que, tras los años de crisis, comienzan a recuperar músculo, y con ellas, todos los servicios del Consistorio. Asegura que, tras un mandato, el anterior, de contención del gasto y de saneamiento financiero, en estos dos años de gobierno de CC-PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz toca aplicar políticas expansivas del gasto y de la inversión. De momento, avanza una importante rebaja fiscal para el próximo año, un paquete de medidas que superará los dos millones de euros en ahorro para los vecinos. “Toca devolver a los chicharreros todo el esfuerzo que han hecho en los años de crisis pagando sus impuestos”, asegura.
-Lleva dos años en el cargo, ¿qué valoración hace?
“En estos dos años hemos consolidado un cambio de ciclo, de política en la ciudad. En el mandato anterior se hizo un gran esfuerzo en contención del gasto y de saneamiento financiero que creemos que fue un éxito. Hoy por hoy, ninguno de los indicadores de deuda o de estabilidad presupuestaria son un problema en la ciudad, y sentadas esas bases, en este mandato hemos hecho un giro importante, tanto en el presupuesto como en el área de Hacienda. Frente a la contención del gasto, hemos articulado en estos dos años una importante política de expansión, siempre con la prudencia de estar en un contexto de salida de la crisis, que nos ha llevado a multiplicar por cinco, sobre el peor año del mandato pasado, la inversión”.
-Si tuviera que destacar un área en la que se note esa política expansiva, ¿cuál sería?
“El gasto social. Con respecto al inicio de la década, esta partida era de 7,1 millones y hemos pasado a más de 15,5 millones. Son cifras considerables. Pero también en inversión hemos alcanzado un volumen récord, así como en el presupuesto, con la cifra más alta de la historia de la capital, con más de 246 millones”.
-¿Se pueden ver afectados los indicadores de estabilidad?
“En absoluto. Hemos combinado esa expansión con la prudencia de saber que estamos en un periodo de salida de la crisis. Lo que hemos logrado es una reducción significativa de la deuda acompañada de una reducción impositiva muy significativa. Estamos rebajando la presión fiscal en el municipio. El primer año de este mandato fue en torno al millón de euros, que se ha consolidado este año con otro millón más. Para el próximo ejercicio estamos trabajando en la elaboración de un paquete de rebaja de la presión fiscal que sea aún más ambicioso”.
-¿Y en qué consiste?
“Una de las prioridades del equipo de gobierno es reducir la presión fiscal. Va a ser una apuesta aún más ambiciosa, porque la ciudad se lo puede permitir. Es el momento de devolver a los chicharreros parte del esfuerzo que han hecho con sus impuestos durante la etapa de crisis, sin que ello en ningún momento comprometa a los servicios públicos”.
-¿Podría concretar algo más, como por ejemplo el importe de esa rebaja?
“Es posible que supere los dos millones de euros de ahorro para los vecinos, que se acumula a lo que ya llevamos. En estos momentos estamos analizando todas las tasas e impuestos para ver que las medidas que se apliquen tengan impacto positivo, como ya lo hemos hecho, por ejemplo, con otras figuras como el IBI de las renovables a través de una bonificación”.
-Este año se ha puesto en marcha el denominado IBI social, aunque es posible que haya familias que no se han enterado…
“Es cierto que ha salido muy ajustado al periodo de cobro en curso, pero creímos que era mejor ponerlo en marcha cuanto antes. El retraso se debió a que el primer enfoque que le habíamos dado, el de la bonificación, se tuvo que cambiar ante los casos que se estaban dando de anulación por estar prohibido bonificar este impuesto. Los ayuntamientos que lo intentaron por esa vía acabaron con sentencias en contra”.
-Ahora se tramita como una ayuda social más…
“Así es. El trabajo que teníamos iniciado lo cambiamos y se buscó otra fórmula, y fue la de una subvención o ayuda para cubrir los gastos de vivienda habitual. Esta es una vía legal que ya aplican en Madrid, Málaga o Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, nuestras condiciones son distintas, porque, primero, tenemos un valor catastral más alto, hasta los 40.000 euros, y además subvencionamos el 100% del coste del recibo del inmueble, siempre a familias que ya estén recibiendo alguna prestación del catálogo de ayudas sociales”.
-Precisamente, el pago de ayudas sociales ha obligado a aprobar un crédito extraordinario de más de dos millones de euros. ¿Se presupuesta mal el dinero destinado a servicios sociales?
“El presupuesto de servicios sociales crece todos los años de forma significativa y es la única área en la que cualquier necesidad de incremento presupuestario que tiene está autorizada por la Junta de Gobierno. Sabemos que durante el año se pueden dar situaciones que hagan que las ayudas sociales sigan creciendo, pero nosotros trabajamos sobre previsiones de final de año y eso es lo que se presupuesta. La realidad es que ningún vecino que reúna los requisitos para recibir un ayuda social se va a quedar sin ella por falta de presupuesto”.
-Pero si ya el año pasado se aumentó el presupuesto a mitad de año y este vuelve a pasar, ¿por qué no destinar más dinero de entrada?
“Porque no sabemos a priori cuánto dinero se va a necesitar. Lo que hacemos es consolidar el presupuesto del año anterior. Si el año pasado faltó un millón y medio, este año lo consolidamos en el presupuesto de inicio. Y si este año hay que aumentar en 2,2 millones, el área ya sabe que el año que viene, de inicio, tendrá 2,2 millones más sobre el presupuesto de este. Si durante 2018 nos dicen que la previsión que llevamos es que nos van a faltar 750.000 euros, se dotará una modificación presupuestaria durante el ejercicio. Vamos consolidando el esfuerzo de cada año y cualquier necesidad sobrevenida se atiende”.
-La reducción de deuda es uno los logros sobre los que el Ayuntamiento saca pecho. ¿El endeudamiento volverá a ser un problema para el Consistorio?
“Solo doy un dato: este año vamos a reducir de una sola tacada 17 millones de euros. Estamos amortizando deuda porque el remanente de tesorería no nos permite hacer otra cosa. Ahora mismo la deuda está muy por debajo del límite legal de los ingresos, que es del 75%. Santa Cruz está en el 34%, lo que nos da un margen enorme, y, además, si estuviéramos en una situación donde el coste de esos créditos fuera relevante, habría un incentivo para reducirla, pero realmente con los tipos de interés anuales no hay incentivos para bajarla más”.
-¿Cuánto se paga al año?
“Hemos ido renegociando la deuda que teníamos. El año que yo entré se presupuestaba en torno a los tres millones y medio, este año hemos presupuestado un millón y medio. No solo hemos reducido, sino que además la composición de la deuda la hemos articulado de tal manera que los tipos de interés sean más bajos y estemos pagando cantidades que no son un peso excesivo. Se han ido cancelando unas operaciones y suscribiendo otras en mejoras condiciones”.
-Volviendo al proyecto de presupuestos de 2018. ¿Puede adelantar algo más de cuáles van a ser sus líneas generales?
“Las bases del presupuesto son un punto de partida, pero el objetivo que tenemos ahora es elevar los niveles de ejecución del presupuesto. Hemos hecho un esfuerzo importante para elevar el presupuesto, llevamos años con niveles de inversión muy bajos en el Ayuntamiento. De seis millones hemos pasado a 40 de inversión, a lo que se suma la cofinanciación que nos va a venir por el DUSI. Hay un salto importante en inversiones y presupuesto, en servicio públicos y también en asuntos sociales, así que tenemos que pelear por una mayor ejecución presupuestaria”.
-Usted también es responsable del Área de Patrimonio, en la que lleva tiempo tratando de poner orden. ¿Cómo va la identificación de inmuebles?
“Seguimos depurando. Tenemos una consultora externa trabajando en ello y personal propio dedicado a depurar todo el patrimonio municipal que estaba en un estado complicado para acceder a la información. La idea es crear un aplicativo informático con el que acceder a la información y tener localizados en todo momento los inmuebles, su situación o a quién está cedido”.
-¿Desconoce el Ayuntamiento su patrimonio?
“No lo desconoce. Como digo, veníamos de una situación en la que esta área se dedicaba más a la gestión y mantenimiento que al inventariado. Es cierto que, ahora mismo, no sabría decir cuántos inmuebles están en ese catálogo, pero para eso se está haciendo el inventario. Ahora mismo tenemos locales cedidos a participación ciudadana, a vecinos, a entidades culturales. Además, este trabajo también nos está permitiendo rastrear locales que estén en condiciones de ser cedidos a colectivos que nos los han solicitado”.
-La crisis también obligó a congelar la ampliación de plantilla. ¿Qué previsiones tiene?
“Es un área que estoy muy contento de gestionar porque hemos conseguido sacar adelante cuestiones pendientes en el Ayuntamiento durante mucho tiempo. Lo que estamos haciendo es priorizar aquellas áreas de mayor cobertura, como la del IMAS, con personal administrativo y trabajadores sociales. Se han incorporado 22 policías locales y estamos pendientes a que el Ministerio nos dé la autorización para convocar 20 nuevas plazas. Este año ya hemos podido dar cobertura también a otras áreas, pero servicios sociales sigue siendo la que más necesidades tiene. De hecho, ya se ha contratado a los siete trabajadores sociales y tres auxiliares administrativos que demandaban”.
Se empiezan a incorporar los trabajadores con sentencias favorables
El edil de Recursos Humanos admite que en algunos casos ya se agotó la vía judicial con el personal que ha demandado al Ayuntamiento, como por ejemplo los de General Software, que ya están incorporados. Los de recaudación voluntaria todavía están pendientes del último recurso. “Nuestro criterio y el que vamos a defender siempre hasta el final de cualquier proceso judicial es que la forma de acceso a la función pública en el Ayuntamiento sea por mérito, igualdad y capacidad”.
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