A escasos días de que expire el plazo de alegaciones a la modificación del Plan Insular de Ordenación de La Palma (PIOLP) que lidera el Cabildo, y que pretende la ampliación de la zona industrial de El Jaral, en Fuencaliente, el Ayuntamiento de esta localidad ha convocado un pleno extraordinario y urgente para advertir a la institución insular sobre su negativa a esta decisión y su consideración de injerencia, sobre su suelo.
El Ayuntamiento de Fuencaliente, co gobernado por la Unión Progresista con Mary Nieves Rodríguez como alcaldesa, así como por el Partido Socialista, con Luis Torres desde hace apenas dos semanas en la primera tenencia de alcaldía, está de acuerdo con los grupos en la oposición, Sí se Puede y Coalición Canaria, en su negativa a permitir la implementación de suelo industrial donde la única planta de asfalto de la Isla lleva operando desde hace casi 28 años.
La idea del Cabildo, comprometido con los agentes económicos de la Isla a la hora de determinar en el planeamiento insular un suelo apto para la ubicación de industrias de actividades clasificadas – especialmente después de que fuera cerrada y desmantelada por sentencia judicial la planta de asfalto de Ruiz Romero en la zona industrial del Callejón de la Gata – es habilitar esa superficie con garantías para que puedan asentarse allí, ademas de la planta de asfalto existente, otras actividades industriales que no pueden desarrollarse a menos de 2.000 metros de zonas habitadas.
Desde Fuencaliente, tanto el grupo de Gobierno como la oposición no entienden como la negativa de Barlovento y su alcalde, el popular Jacob Qadri, para albergar en la zona industrial de Las Lomadas, no ha sido contestada por el Cabildo, que en cambio sí mantiene la opción de Fuencaliente. En el caso del municipio norteño, su alcalde, el popular Jacob Qadri, rechazó que en las condiciones actuales Barlovento albergue una planta de asfalto “que ningún otro municipio quiere”.
El regidor popular razonó a finales de 2016 y cuando supo que era una de las opciones que el Cabildo barajaba como ubicación apta para industrias pesadas, que “ya en su día el Cabildo dijo que podía ir una planta de asfalto en Los Llanos y el Ayuntamiento dio una licencia para la planta de asfalto, pero luego hubo una denuncia y los tribunales dijeron que no podía estar allí. Eso supone costes jurídicos, afectados, indemnizaciones… El Ayuntamiento de Barlovento no puede permitirse el lujo de pagar costes por una planta de asfalto”.
Acuerdos no vinculantes
Las decisiones municipales, tales como el acuerdo plenario en diciembre de 2016 o el que se adoptará la próxima semana en una nueva sesión plenaria,a fin de rechazar la utilización de la zona industrial para actividades clasificadas, no tienen peso jurídico ni son vinculantes. Así lo han recordado fuentes del Cabildo, que señalan que desde un punto de vista técnico la tareas de planeamiento insular sobre ese suelo está por encima de los planteamientos locales. Desde los ayuntamientos y desde el Cabildo, se coincide en la necesidad de contar con un suelo apto para industrias pesadas, pero ninguna localidad está de acuerdo con asumir lo que, en primera instancia y a corto plazo, supondría un coste electoral, además de la posibilidad de enfrentarse a plataformas vecinales como ya ocurrió en Los Llanos.
Allí, los vecinos del Callejón de la Gata lograron tras cinco años en los tribunales, el cierre de la industria clasificada de Ruiz Romero. Otros problemas se derivarán de las opciones de ubicación de la planta de asfalto móvil, que la UTE en el sur de la Isla quiere instalar. Tratan así de autoabastecerse de asfalto y lograr rentabilizar una obra que ganaron con una baja del 20% del precio de licitación estimado por Obras Públicas.
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