MAMOTRETO DE LAS TERESITAS

Astor Landete: “Una edificación ilegal no es patrimonio público”

El edificio de aparcamientos a medio terminar de Las Teresitas, el mamotreto, fue declarado ilegal e ilegalizable por la sentencia de la Audiencia Provincial, que ordenó su derribo total hace ya dos años. Fran Pallero
El edificio de aparcamientos a medio terminar de Las Teresitas, el mamotreto, fue declarado ilegal e ilegalizable por la sentencia de la Audiencia Provincial, que ordenó su derribo total hace ya dos años. Fran Pallero

El presidente del Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor Landete, ha afirmado que las llamadas “a la desobediencia” a la resolución judicial que ordena la demolición del edificio de aparcamientos conocido como ‘mamotreto’, “orquestadas desde sectores interesados, pueden llevar a confusión a la ciudadanía y constituyen un acto de irresponsabilidad inadmisible en un Estado de Derecho”.

Así lo ha señalado en un comunicado ante las manifestaciones recogidas en distintos medios de comunicación y realizadas por anteriores responsables municipales y por profesionales interesados en la construcción y edificación en la zona de la playa de Las Teresitas.

En su escrito, el presidente de la Audiencia Provincial ha aclarado que el edificio de aparcamientos y locales comerciales fue construido “sobre superficie y no subterráneo como se dice”, y recuerda que es una obra declarada ilegal por los tribunales de justicia en sentencia firme en la que se ordena su demolición y confirmada por el Tribunal Supremo en resolución de un recurso de revisión.

Ha indicado que los responsables de esta ilegalidad han ingresado ya en prisión en cumplimiento de la pena impuesta por los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio y ha querido recordar que a ellos les compete sufragar los costes del derribo, tal y como se especifica en la sentencia.

Joaquín Astor Landete señala que la demolición debe efectuarse materialmente por el Ayuntamiento de Santa Cruz, como titular de la obra, que ha sido requerido a tal efecto en reiteradas ocasiones en cumplimiento de la sentencia firme dictada a fin de restaurar la legalidad vigente, tras presentar alegaciones, informes y recursos que han sido desestimados.

Más noticias
El Consistorio sale al paso y dice que sí está personado y que cumple la sentencia

Astor Landete advierte de que, como viene diciendo el Tribunal Constitucional, “en un Estado de Derecho las sentencias claman por ser cumplidas como exigencia implícita a la eficacia de la tutela judicial”.

Y añade que el Tribunal Supremo viene sosteniendo que la comisión de un delito contra la ordenación del territorio, unido a la persistencia o permanencia de la obra infractora, “es suficiente para acordar como regla general la demolición de la obra para la restauración del orden quebrantado y que la excepción no puede quedar sometida a futuras como inciertas modificaciones del planeamiento que ni siquiera dependerán competencialmente en exclusiva de la autoridad municipal, pues de acceder a ello no solo se consagrarían todas las negativas consecuencias, sino que incluso se consumaría un nuevo atentado contra al colectividad”.

Según Astor Landete, los tribunales han constatado que no se cumplen los condicionamientos establecidos por el Tribunal Supremo para el mantenimiento de la edificación, por lo que procedía su inmediata demolición. Si ello no fuera así, continúa diciendo, “no se podría entender que el propio Ayuntamiento ordenara la demolición de obras realizadas por particulares fuera de ordenación que no fueran legalizables”.

El presidente de la Audiencia Provincial ha querido dejar claro que corresponde a las autoridades y a los ciudadanos “cumplir las resoluciones judiciales firmes y a los jueces cumplir y hacer cumplir las normas que regulan el uso y disfrute de los bienes públicos por medio de sus sentencias”, y remarca que el incumplimiento de las resoluciones judiciales firmes constituye un delito de desobediencia, tipificado y sancionado en el artículo 556 del Código Penal con pena de prisión.

Más noticias
El Consistorio remarca que no hay informes de ilegalidad del proceso

“Una edificación ilegal no es patrimonio público, sino la utilización ilícita del dominio público cuya salvaguarda corresponde al Ayuntamiento”, advierte, para añadir que la demolición de una edificación ilegal “constituye la restauración de la legalidad perturbada y en nada perjudica al espacio público de la playa de Las Teresitas, sino a los infractores y a los que por acción u omisión la permitieron y se pretendían beneficiar con ello, en un momento en que una de las principales lacras denunciadas por la ciudadanía es la corrupción urbanística”.

Por último, subraya que el Ayuntamiento deberá encontrar una ubicación alternativa dentro de los terrenos disponibles, para colocar allí los aparcamientos, con respeto de la legalidad vigente.

TE PUEDE INTERESAR