La ley del crédito extraordinario de 340 millones de euros fue aprobada ayer por los grupos parlamentarios que, en el caso de CC, PP y NC, avalaron enmiendas por 63 millones, sin obviar la exigencia al Gobierno de que sea diligente en su gestión y las críticas del PSOE, para el que viene a tapar agujeros.
La ley inyectará un crédito extra de 50,8 millones euros, y un suplemento de crédito por 289,1 millones a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017, y recibió enmiendas de todos los grupos que, en general, se congratularon de este aumento de fondos que recibirán los servicios públicos, informó Efe.
El PP alcanzó un acuerdo con CC y el Gobierno canario para aprobar la ley, pese a que ayer mismo decidió dar por rotas las negociaciones para un acuerdo de gobierno. Se rechazaron enmiendas de Podemos y PSOE, y se aprobó el conjunto de la ley con mayoría de 55 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, explicó que se trata de la mayor ley de crédito extraordinario que se haya presentado jamás en la comunidad autónoma y debe servir para mejorar la calidad de vida de los dos millones de habitantes del Archipiélago.
Dávila reconoció el trabajo conjunto y de diálogo que han tenido las fuerzas políticas, lo que convierte la aprobación de esta norma en un hecho doblemente histórico, en una ley que busca “una inversión al futuro, una oportunidad única para iniciar el camino del fortalecimiento del Estado de bienestar”.
Destacó la consejera que 50 millones se destinarán a prótesis y material sanitario, y programas asistenciales de tarde, 10,2 millones a equipamiento en centros sanitarios y otras medidas para paliar las listas de espera. A educación se asignarán unos 50 millones para la formación bilingüe, 5,5 para educación universitaria, 5,3 para la adaptación al mercado laboral y 6 para la digitalización de las aulas.Otros 12 millones se emplearán en la contratación de personal y sustituciones y 4,5 millones para nuevas infraestructuras educativas. En políticas sociales habrá 95 millones para el plan de infraestructura sociosanitaria, con el objetivo de crear 4.000 nuevas plazas para mayores dependientes en dos años, 12 millones para reforzar servicios teleasistencia y centros de día, 4,2 para el programa de garantía juvenil y más de 865.000 euros para la lucha contra la violencia de género.
El portavoz del Grupo Socialista, Iñaki Lavandera, opinó que la aprobación del crédito es una buena noticia para Canarias, pues se incorporan recursos a lo que los socialistas consideran fundamental, el Estado del bienestar. Sin embargo, apreció el portavoz socialista, “nos gusta la música, nos gusta cómo suena, aunque la letra es mejorable”.
Añadió que en algunas de sus propuestas el proyecto revela que se tapan agujeros con recursos que el PSC reclamaba cuando estaba en el Gobierno. El diputado del PP José Tomás Estalella señaló que han “quedado todos razonablemente insatisfechos” en el objetivo claro de mejorar los servicios sociales, pues se podía haber evitado destinar cantidades a estas partidas si la consejera hubiera “afinado el lápiz a la hora de ajustar los presupuestos”, lo que tiene “su máxima y dolorosa expresión en las listas de espera sanitarias”.
Noemí Santana, portavoz de Podemos, criticó la táctica del Gobierno regional de “empaquetar y vender” el crédito como uno de sus logros, cuando lo que revela, dijo, es el “desconcierto” reinante en la Consejería de Hacienda, que no se sabe qué política presupuestaria está aplicando “y nos tiene obnubilados”.
El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, advirtió de que ahora corresponde al Gobierno regional gestionar los recursos de forma eficiente y clara, porque tienen que mejorar necesariamente la prestación de los servicios básicos y romper la dinámica de andar en la cola en casi todo. “Pido al Gobierno que sea diligente y se aplique en gestionar estos recursos de forma rápida y transparente”, reiteró Rodríguez, para quien con estos fondos nadie “nos regala nada, porque estamos recuperando el maltrato recibido”.
Por CC-PNC, José Miguel Ruano afirmó que esta ley tiene avances “que hemos construido entre todos”, y subrayó que negociar y tender puentes no es ser cautivo de nadie, sino ser proactivos y responsables en asuntos de vital importancia para el desarrollo de Canarias.
Casimiro Curbelo (ASG) incidió en que el Gobierno debe hacer todo lo posible porque cuenta con herramientas a su alcance para que estos fondos se materialicen en el tejido social. “Hoy está de enhorabuena el Parlamento. Ahora hace falta capacidad para hacer las cosas con agilidad y la Administración se para en agosto”, advirtió.
“Vamos a favor porque ese dinero llega gracias a NC en las Cortes”
El voto afirmativo de NC ayer a la ley del crédito extraordinario, según el portavoz de este partido, Román Rodríguez, “se explica, entre otras razones, porque, pese a que no nos ha gustado que el presidente Fernando Clavijo, en minoría, no intentara dialogar, hemos logrado salvar los muebles al consensuar entre los grupos la modificación del destino de unos 60 millones”. Pero el “principal motivo”, prosiguió, es que esos 340 millones más para la sanidad, la educación y los servicios sociales “se han conseguido gracias a que NC desbloqueó la aprobación de los presupuestos estatales de 2017” en las Cortes.
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