“La Plataforma de vecinos contra el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife ya denunció en 2009 que el documento carecía de la evaluación medioambiental que finalmente ha causado su anulación por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)”. Así lo recordaron ayer los abogados especializados en Urbanismo de la asociación Justicia y Sociedad, José Pérez Ventura y Antonio Espinosa, en declaraciones a este periódico. “No entendemos por qué el Ayuntamiento no subsanó entonces esa carencia fundamental, y mucho menos por qué tampoco lo hizo cuando en 2013 se dictó la sentencia sobre el planeamiento del municipio de El Rosario, que es un caso idéntico al que ahora ha ocurrido en la capital”, añadieron estos dos letrados.
A este respecto resulta esencial recordar que Juan Manuel Palerm, uno de los redactores del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz, junto a Leopoldo Tabares de Nava y Fernando Senante, desveló el pasado jueves a DIARIO DE AVISOS que el trabajo entregado ese mismo año 2009 al Ayuntamiento sí que incluía una evaluación ambiental, si bien desconocía qué pudo pasar para que posteriormente no figurase en el documento sobre el que ha dictado sentencia el TSJC. En cuanto a las consecuencias prácticas de la decisión judicial hecha pública hace dos días, Pérez Ventura mostró su extrañeza sobre “las manifestaciones realizadas por el alcalde [José Manuel Bermúdez] de que la sentencia del TSJC no va a tener ningún impacto económico, porque en realidad se trata de un mazazo a las posibilidades de la capital a la hora de captar inversiones. En realidad, entiendo que lo sucedido ahora con el PGO se enmarca en el evidente panorama de inseguridad jurídica existente en el urbanismo de Santa Cruz de Tenerife durante los últimos 20 años. Insisto: es un auténtico varapalo para el conjunto de la ciudadanía, no solo para los directamente relacionados con inversiones económicas, y que se produce en un contexto de crisis”, reflexionó.
“Se sabía, se había dicho y se había advertido”, insistió Espinosa, “porque así lo hicieron distintas asociaciones y, en especial, la plataforma vecinal, pero resultó mucho más evidente con la llegada de las sentencias sobre los planes de municipios como El Rosario o Arona. Tanto en un caso como en otro, se anularon por la misma causa que ahora en Santa Cruz de Tenerife”. El letrado quiso puntualizar a este respecto que las advertencias efectuadas aquellos años no solo estaban dirigidas hacia los responsables municipales, “sino también a los de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac); exactamente lo que se recoge en los fundamentos jurídicos de la sentencia del TSJC de ahora”.
Las críticas de los dos abogados, para quienes no cabe duda de que esta anulación judicial del planeamiento capitalino pudo evitarse, se acentúan al recordar los casos de los dos municipios citados. “Fueron sendas sentencias en ambos casos, tanto por parte del propio TSJC como luego del Supremo, pero está claro que nadie se puso nervioso en el Ayuntamiento como para actuar en consecuencia. Por ello no ha resultado sorpresa alguna lo que ha pasado, porque en los ambientes jurídicos más cercanos al urbanismo se daba por hecho que el PGO iba a ser anulado desde hace tiempo”.
Los dos abogados, que dirigieron la acusación particular en el reciente juicio por el caso Las Teresitas, lamentaron que “esta sentencia impide todo tipo de plan especial que tenga como objetivo el desarrollo económico, si bien apuntaron que para el resto, como por ejemplo el de El Toscal, no se verá afectado”.
En cuanto a las posibilidades que pueda tener un recurso municipal ante el Supremo, tanto Pérez Ventura como Espinosa coincidieron: “Lo más probable es que ni siquiera se admita a trámite”.
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