Las llamadas a la tranquilidad del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, contrastan con la percepción que los empresarios tienen de lo que la anulación del Plan General de Ordenación (PGO) supone para la capital. El máximo representante del sector empresarial en Tenerife, José Carlos Francisco, habla de “ruina”, “catástrofe” o de “inseguridad jurídica”. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en la Isla, en una entrevista con DIARIO DE AVISOS, no pone paños calientes a lo que significa para la ciudad la anulación del PGO capitalino. “El parón del Plan General esta arruinando a los empresarios. Llevan millones invertido y proyectos paralizados”. Francisco se lamenta amargamente por lo que trae consigo esta sentencia. “No hay derecho. Hay una inseguridad juridica brutal que esta parando proyectos de inversión importantes”.
El presidente de CEOE-Tenerife tiene claro que esta decisión judicial no solo “es un desastre” sino que además introduce un lapsus de tiempo indefinido puesto que, “lo normal es que el Supremo avale lo que dice el TSJC y se pare hasta no se sabe cuándo”. “Se están arruinando empresarios”, añade.
Al menos hay algo en lo que sí coincide con el alcalde de Santa Cruz, en que “la Ley del Suelo ayudará seguro”, para matizar que, aún así, “no es la panacea”.
Lo que está claro es que a José Manuel Bermúdez le va a costar convencer a propios y extraños de que invertir en Santa Cruz es seguro, que la vigencia del PGO mientras este vivo el recurso ante el Supremo neutraliza cualquier tipo de inseguridad jurídica. Es más, reconoce Bermúdez que uno de los motivos por los que se recurre es, precisamente, evitar que el fallo del TSJC se convierta en firme y remita el planeamiento a 2005.
El regidor de Santa Cruz no esconde su disgusto con el que hasta ahora ha sido el órgano encargado de velar por la legalidad de los planeamientos. Una vigilancia que, recuerda Bermúdez, ha puesto en duda no solo la anulación del PGO de Santa Cruz, sino también la del planeamiento de Arona y El Rosario.
La última de las reacciones que van en contra del optimismo que Bermúdez intenta insuflar tras el fallo del TSJC, es la del propio Gobierno de Canarias, el que, ayer, tras anunciarle al alcalde que recurriría el fallo, en la posterior nota que envío a los medios matizó bastante esa afirmación. Según el comunicado enviado por la Consejería de Política Territorial, de la que depende la Cotmac, los servicios jurídicos están “estudiando” la sentencia para decidir si se recurre. Sí que defendió su actuación en el caso de Santa Cruz y avanzó que existen motivos para el recurso.
Más información en las páginas 12-13 y 26-27.
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