En plena crisis sobre la gestión de la Radio Televisión Canaria (RTVC), con un Consejo Rector dividido y diezmado y sin apoyo de la mayoría del Parlamento, el presiente de este ente público, Santiago Negrín, comunicó ayer al Parlamento autonómico que ha decidido iniciar los trámites del concurso para adjudicar el supercontrato de la prestación del servicio de informativos, dado que en junio de 2018 acaba la relación contractual con la actual adjudicataria.
En un escrito que sorprendió a la mayoría de grupos parlamentarios de la oposición, que se enteraron por este diario, pues lo registró Negrín ayer mismo, el presidente de la RTVC alega que toma esta iniciativa “por imperiosa necesidad” y debido a que al día de la fecha el Parlamento canario “no ha procedido a la aprobación de la figura del mandato marco […] cuyas líneas estratégicas debe regir el modelo de producción y programación de RTVC y sus sociedades”.
Ante la “necesidad apremiante de poner en marcha el procedimiento de contratación” por la Televisión Pública de Canarias (TVPC), Negrín, mediante su escrito, explica que pone en conocimiento de la Comisión de Control de la RTVC las actuaciones que va a llevar a cabo. Así, “inmediatamente” someterá a “la toma de consideración del Consejo Rector de RTVC sobre los pliegos que servirán de base a la nueva licitación”. Se da la circunstancia de que el Consejo Rector, que por ley tenía que estar formado por cinco miembros, solo tiene tres, por dimisión de dos de ellos, y de los que aún siguen en sus puestos, con María Lorenzo mantiene Negrín serias diferencias, al punto de que la consejera le ha acusado de falta de transparencia y de actuaciones irregulares en el seno de este órgano.
Llama la atención además que, en su escrito, Negrín se atribuye la competencia de “órgano de contratación de TVPC”, una condición de la que ayer dudó el portavoz de NC, Román Rodríguez, quien invocó la ley por la que se rige este medio de comunicación público, según la cual para contratos iguales o superiores a un millón de euros, se requiere de la aprobación de tres miembros del Consejo Rector. Negrín comunica al Parlamento que, tras el trámite anteriormente expuesto, remitirá la correspondiente documentación al Gobierno de Canarias, “para la determinación de las previsiones presupuestarias y la realización de cuantas acciones en derecho procedan” y especifica que lo hará “en su condición de órgano de contratación”. Hechas esas gestiones, “esta Presidencia[…] procedería a aprobar los correspondientes pliegos y el expediente de contratación, y a iniciar, hasta su conclusión, el preceptivo procedimiento de licitación y adjudicación”. Un proceso que, detalla, hará “bajo la modalidad de regulación armonizada y tramitación anticipada” y de lo cual asegura que dará cuenta de forma “inmediata” al Consejo Rector y a la Comisión de Control de la RTVC.
La “urgencia” de iniciar “de forma inmediata” este proceso de licitación, uno de los mayores contratos públicas en la Comunidad Autónoma, la justifica Negrín por tres razones. La primera, la complejidad del procedimiento, que deben tener publicidad a escala de la Unión Europea y “con las garantías previstas en la legislación de contratos del sector público”. La segunda razón esgrimida estriba en dar “antelación suficiente” a la empresa ganadora para poder iniciar la prestación del servicio el 1 de julio de 2018, pues deberá acometer “importantes inversiones” y la “asunción de gastos de personal”. Y la tercera justificación es dar a los trabajadores de la empresa actual “un grado de certeza relevante sobre su futuro laboral”, ya que en la adjudicación del nuevo contrato se exigirá su subrrogación por parte de la adjudicataria.
Negrín aclara además que, aunque el mandato marco del Parlamento autonómico no está aprobado por el pleno, se atendrá al texto acordado en la Comisión de Control de la RTVC el 13 de junio pasado. El escrito lleva fecha del 14 de julio, con registro de salida de la RTVC ayer, misma fecha de registro en la Cámara autonómica.
Un Consejo Rector dividido y una gestión cuestionada
La decisión de Negrín de tramitar el concurso público del megacontrato de los informativos se produce cuando los grupos parlamentarios de la oposición han mostrado su intención de modificar la Ley de la RTVC, y han cuestionado su gestión. Dos años después de su toma de posesión, no se ha aprobado el reglamento, el instrumento de funcionamiento del órgano gestor, ni se ha creado el Consejo Asesor ni el Consejo de Informativos. A ello hay que añadir el bloqueo del Consejo Rector, debido a las manifiestas divergencias entre Negrín y María Lorenzo, y a que no se han cubierto las dos plazas de consejeros dimitidos. PSOE, NC, Podemos y PP han manifestado desde hace meses la necesidad de renovar el Consejo Rector, aunque las recientes negociaciones de los populares con CC para su entrada en el Gobierno canario han dejado aún en el aire este objetivo.
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