Economía

Plantean que Canarias cogestione la paga a los parados de larga duración

El sindicato considera vital que el plan Prepara, de 400 euros, sea prorrogado y, tras la sentencia del Tribunal Constitucional, propone que para el Archipiélago se tome como referencia su tasa de desempleo

Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras en Canarias. / FRAN PALLERO
Inocencio González, secretario general de Comisiones Obreras en Canarias. / FRAN PALLERO

La ayuda de 400 euros a los parados de larga duración caduca el 15 de agosto. El programa de recualificación profesional diseñado para las personas que agoten su prestación por desempleo (Prepara) se instauró en febrero de 2011 como una acción “coyuntural”. De seis meses de duración, el plan se ha ido prorrogando en función de las circunstancias. En medio de la crisis se dispuso su prolongación automática hasta que la tasa de desempleo estuviera por debajo del 20% en la Encuesta de Población Activa (EPA). Un real decreto ley de abril de 2016 redujo la barrera al 18%. Como quiera que la EPA de julio de 2017 descendió al 17,22%, su vigencia depende de una normativa con rango de ley. Aunque existe la voluntad y un consenso entre los agentes implicados, una reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha trastocado el calendario. De momento, el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, ha convocado para el lunes a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a una reunión de la Mesa de Diálogo Social del Plan de Choque para el Empleo. A resultas de un recurso que el Gobierno vasco presentó en 2013, al entender que el Prepara invade competencias autonómicas, el TC anula la centralización de esta gestión en el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) en coherencia con la transferencia de las políticas activas. Desde Comisiones Obreras, su secretario general en Canarias, Inocencio González, propone que el Prepara lo cogestione la Comunidad Autónoma en atención a “una realidad que supera con creces” a la del resto de la regiones y que “pulveriza” las estadísticas de ámbito nacional. Concretamente, la tasa de paro del Archipiélago está por encima del 24%. “Lo sensato sería que aquí se tomara ese dato como referencia”, razona González durante una entrevista con el DIARIO. De las últimas cifras conocidas, le preocupa sobremanera que de los 217.000 parados registrados 103.217 lo sean de larga duración. “De ahí sale un número muy importante de unidades familiares que no reciben ningún tipo de ingresos”.

El real decreto ley 7/2017, de 28 de abril, justifica la ampliación temporal del Prepara en la necesidad de “facilitar y fomentar el acceso de las personas desempleadas a los servicios públicos de empleo, una de las iniciativas recogidas en el acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo, firmado el 29 de julio de 2014 por el Gobierno y los interlocutores sociales”. Se distinguía por ofrecer “contenidos específicos de orientación, formación, recualificación y reconocimiento de la experiencia de trabajo que, acompañado de una medida de protección, contribuyera a facilitar la reinserción laboral de estos desempleados”. En desarrollo de tal previsión, las partes sentaron las bases del Prepara, aprobado el 19 de diciembre de 2014.

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“La economía española acumula tres años de crecimiento del PIB”, destaca el Ejecutivo de Mariano Rajoy en ese documento. “En este periodo, se han creado casi un millón y medio de empleos. Pese a ello, 3.702.137 personas siguen inscritas como desempleadas, y buena parte de ellas, algo menos de la mitad, desde hace más de un año”. La evaluación del programa de activación revela que hasta el 31 de enero habían sido atendidos 217.721 solicitantes; de los cuales 140.139 accedieron a la contribución, y el 88 % de los que la han percibido y compatibilizado con el empleo conservaron el trabajo a la conclusión del proyecto. “Uno de cada tres beneficiarios ha obtenido una colocación en los doce meses siguientes a su incorporación”, subraya.

Para acogerse a la asignación se requiere que haya transcurrido al menos un mes desde el agotamiento de la anterior prestación o ayuda reconocida. No se considerará agotamiento la extinción derivada de una sanción o baja en el derecho por causa imputable al demandante. También se exige que esté inscrito en una oficina pública de empleo a fecha 1 de mayo de 2017 con una antigüedad mínima de 270 días acumulados en los dieciocho meses precedentes.

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