La invasión del urbanismo

La tesis del urbanismo imposible viene rodando en España desde los años 90, donde se vio que al tiempo que se iban multiplicando sus obligaciones normativas, en paralelo se eternizaban las tramitaciones. Todavía la cultura oficial sostiene que el urbanismo se mejora ampliando cada vez más las exigencias a cumplir. Cuando la realidad demuestra que ello no sólo no mejora el producto, sino que a partir de cierto desarrollo sólo se consiguen mejoras cualificando al operador y reduciendo los mecanismos de control externo. De hecho, esa es la filosofía de la Bolkestein, la directiva europea que informa hoy toda la legislación de liberación de servicios, vigente en Canarias.

Trae razón y asombro, ante el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, donde se anula la totalidad del PGO de Santa Cruz, cuando se discutía una calificación puntual de suelo. Se justifica en las carencias de evaluación ambiental del PGO. Para alguien desconocedor del sudoku urbanístico, no parece proporcionado ni sensato, virtudes que parece haber abandonado el ámbito judicial. Con opiniones tan parciales y complejas como reconoce la propia sentencia, ocasionando tanto mal a todos. Si nos adentramos en la técnica del asunto, le hubiera bastado al ponente comparar los contenidos técnicos del Decreto 35/1995, vigente en el inicio del PGO, con la resultante del contenido de las Evaluaciones Ambientales, luego de su primera Ley 9/2006, corregida en 2008 y nuevamente en 2013, ese es el paisaje legislativo. Son coincidentes con pequeñas diferencias, que en el marco jurisdiccional nada dicen y en la realidad de la gestión urbana menos. Pudo el juez fallar en contrario y proporcionadamente en justicia. Se reitera el mismo exceso en varios PGO, metido el juez a urbanista.

Por ello decimos que el urbanismo sufre la invasión de múltiples agentes, que lo hacen inoperativo. Al distorsionado marco jurisdiccional, debemos sumar la guerra de los partidos, que previo a la sentencia se cobró la cabeza del concejal de Urbanismo, a cuenta al parecer de sus disciplinas internas. Deriva aceptable si entendiéramos que el fin del Ayuntamiento no fuera el servicio al ciudadano. Sostener que Santa Cruz es un lugar ideal para la inversión, con sólida seguridad jurídica, no parecen compartirlo ni el presidente de la CEOE ni el de Fepeco, ni la infinidad de pequeños operadores con los que realmente se hace ciudad, ni el mercado que ya se retrae. Como tampoco compartimos trasladar las responsabilidades a Zerolo, que inició el Plan antes de los dos mandatos últimos.

Los excesos de regulación y de impuestos reducen la competencia y añaden invasores. El incremento de la complejidad responde a problemas terceros, se tuerce la aplicación legal de la Bolkestein, los partidos trasladan sus conflictos internos a los planes, se fuerza el encaje de las plantillas de funcionarios, se eleva la guerra de competencias profesionales, se judicializan todos los conflictos. La nueva Ley del Suelo llega con dos bombas de relojería. Una el mecanismo de evaluación ambiental, mal instrumentado y sujeto a reglamento, y la mecánica de participación, en análogas circunstancias discrecionales, que bloquearán y judicializarán los Planes Generales, al ampliar las inseguridades jurídicas. En Andalucía y Madrid, los PGO precisan además evaluación de impacto de género. Seguimos añadiendo errores, al invadir el urbanismo con normas impropias y ajenas, como hizo la nueva Ley del Suelo de Canarias, duplicando en Parlamento el trámite ambiental, por un problema de plantilla autonómica y de control político-social. Canarias sigue sacrificando su eficacia normativa al juego de los invasores.