La ONU ha responsabilizado al Gobierno de Venezuela, que preside Nicolás Maduro, de las violaciones de Derechos Humanos que han tenido lugar en el marco de la actual crisis política, entre las que se mencionan torturas, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.
La gran brecha social, económica y política que vive Venezuela desde hace meses se hace evidente en el caos institucional que impera desde hace días en el país caribeño, donde conviven, de manera insólita, dos Asambleas: la Constituyente del presidente Nicolás Maduro y la elegida hace dos años y dominada por la oposición.
Además, los opositores al líder chavista han anunciado un nuevo ‘trancazo’ en las principales ciudades del país para el martes y buscan así reactivar las movilizaciones contra el Gobierno de Venezuela, que ya han dejado más de 125 muertos por los enfrentamientos con los colectivos armados afines al régimen.
Tal es la situación en el país, próximo a una guerra civil, que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instaba el lunes a “todos los venezolanos” a trabajar para “iniciar la negociación política”. El martes, la Organización de Naciones Unidas se ha hecho eco de testimonios que denuncian un uso sistemático de “fuerza desproporcionada” por parte de los agentes de seguridad contra quienes protestan contra Maduro para “inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran a las instituciones públicas para presentar sus peticiones”. “Las instancias gubernamentales en muy raras ocasiones condenaron esos incidentes”, ha reprochado la ONU.
El Alto Comisionado para los DDHH, Zeid Radd al Husein, ha llamado la atención sobre las acciones contra los periodistas encargados de cubrir las protestas contra el Palacio de Miraflores. De acuerdo con las declaraciones recogidas, “algunos han recibido impactos de cartuchos de gas lacrimógeno y perdigones, a pesar de que llevaban claramente visible su distintivo de prensa, y en varias ocasiones han sido detenidos y amenazados”.
Asimismo, Al Husein ha expresado “su grave preocupación por los numerosos casos de allanamiento violento e ilegal de viviendas”. “Las víctimas y los testigos dijeron que se habían realizado sin orden judicial, supuestamente en búsqueda de manifestantes (…) e indican que hubo destrucción de propiedad privada”, ha contado.
Salvo que ambos sectores enfrentados se sienten a dialogar, parece difícil que se encuentre una solución pacífica cuando incluso en la misma sede, casi puerta con puerta, debaten los fieles a Maduro, por un lado, y los opositores al régimen por otro.
En la Asamblea Constituyente anunciaban el lunes la creación de una Comisión de la Verdad que investigue y castigue a los líderes opositores que han convocado los cientos de manifestaciones de protesta por todo el país. Mientras, en el salón de al lado, la Asamblea Nacional reanudaba las sesiones parlamentarias en un intento de contrarrestar y protestar por la instalación de la Constituyente y por las últimas decisiones del gobierno de Maduro, como la destitución de la fiscal general Luisa Ortega, la prohibición de la CNE a la MUD de participar en las elecciones a gobernador en siete estados y el cese, inhabilitación y orden de encarcelación del líder opositor Ramón Muchacho.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha anunciado el martes que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) –coalición opositora– no podrá participar en las elecciones a gobernador en siete estados por litigios electorales que todavía no se han resuelto.
“En el caso de la organización con fines políticos MUD, ésta deberá abstenerse de inscribir candidaturas en Zulia, Apure, Monagas, Bolívar, Trujillo, Aragua y Carabobo, en cumplimiento de decisiones acordadas por juzgados de esos estados relacionadas con juicios que se vienen adelantando desde el año pasado”, ha dicho el CNE.
El CNE ha tomado esta decisión al término del proceso de renovación de partidos políticos, que han superado 22 de las 59 formaciones que se han presentado, entre ellas la propia MUD y las facciones que la integran, que en algunos casos podrán concurrir individualmente a los comicios regionales en todos los estados.
Aquellos partidos que deseen concurrir a estos comicios, en los que se elegirán gobernadores y asambleas estatales, deberán inscribir a sus candidatos entre el martes y el miércoles.
La MUD aún no ha decidido si se lanzará a esta pugna electoral. Partidos como Vente Venezuela, de María Corina Machado, o Alianza Bravo Pueblo (ABP), del ex alcalde caraqueño Antonio Ledezma, se han posicionado en contra. Sin embargo, Henry Ramos Allup ha anunciado que Acción Democrática (AD) sí competirá.
Los partidarios del boicot electoral esgrimen que forma parte de la estrategia para rechazar todas las decisiones adoptadas por el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusan de ejercer un poder absoluto, especialmente tras la instalación de la Asamblea Constituyente.
15 MESES DE CÁRCEL PARA EL ALCALDE DE CHACAO
Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha establecido que el alcalde del municipio de Chacao, el opositor Ramón Muchacho, incurrió en una “falta absoluta” por permitir la instalación de barricadas durante las protestas contra el Gobierno de Maduro, por lo que ha ordenado su cese y le ha condenado a 15 meses de cárcel e inhabilitación política.
El TSJ ha adoptado esta decisión tras nueve horas de deliberaciones. Las audiencias del caso comenzaron el pasado jueves, pero Muchacho se ha negado a asistir, enviando a sus abogados, algo que los magistrados ya le advirtieron de que sería interpretado como una aceptación de los hechos.
Muchacho se suma así a la larga lista de alcaldes opositores contra los que ha actuado el TSJ estos años. Han sido objeto de medidas similares Daniel Ceballos (San Cristóbal) y Antonio Ledezma (Caracas) y, solo en las últimas semanas, Gustavo Marcano (Lechería), Alfredo Ramos (Iribarren), Carlos García (Mérida) y José Barreras (Cabudare).
Además, el alto tribunal ha prohibido salir de Venezuela al alcalde de El Hatillo, el también opositor David Smolansky. El miércoles tendrá lugar la audiencia en la que se dirimirán los cargos en su contra por, supuestamente, desobedecer una orden judicial que le obligaba a impedir las protestas contra Maduro.
Por su parte, la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está preparando nuevas sanciones contra altos cargos venezolanos vinculados a Nicolás Maduro, según han informado varios funcionarios del Gobierno estadounidense.
Las nuevas medidas, que podrían ser aprobadas esta semana, tendrán como objetivo impedir la entrada de los altos cargos en Estados Unidos, así como prohibir cualquier tipo de relación comercial entre los funcionarios sancionados y ciudadanos estadounidenses.
El 26 de julio, Washington anunció la imposición de sanciones contra 13 altos cargos de Venezuela, entre ellos miembros del Gobierno y de los principales cuerpos de seguridad, en un intento por aumentar la presión sobre el Ejecutivo de Maduro y conseguir que renunciara a la Constituyente.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas