Sin duda es una de las noticias más esperadas por los vecinos y comerciantes del Realejo Alto, aseguró ayer el alcalde del municipio, Manuel Domínguez, después de anunciar que el Ayuntamiento había recuperado el uso del parking y los locales anexos a las Casas Consistoriales, 33 años antes del plazo previsto, dado que la explotación por parte de la empresa privada era de 40 años, y con “coste cero” para las arcas municipales.
Domínguez hizo estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el concejal de Comercio, Adolfo González. En ese marco, trasladó que la decisión inicial del grupo de gobierno es abrir dos plantas, que suponen un total de 306 plazas de estacionamiento que serán gratis para los vecinos de lunes a sábado de 07.00 a 23.00 horas y que contarán con servicio de vigilancia. En el caso de que exista una mayor demanda, el número se ampliará.
La fecha para hacerlo es a comienzos del próximo mes, una vez que culminen los trabajos de acondicionamiento y pequeñas revisiones que comenzaron a realizarse ayer en el inmueble. No obstante, esta decisión no es definitiva. El Ejecutivo municipal ha encargado dos estudios para conocer la viabilidad económica que supondría volver a sacar nuevamente a explotación los locales comerciales y el parking, o únicamente esta última infraestructura.
El Ayuntamiento no puede explotarlo directamente dado que no está contemplado en su objeto social. No obstante, añadió el mandatario, se ha barajado la posibilidad de hacerlo a través de la empresa municipal de servicios pero también sería necesario una modificación de su objeto social y eso no se ha llevado a cabo. “De momento, es una magnífica situación inicial la de poner estas plazas a disposición de forma gratuita porque ello no obliga a cambiar ningún documento de cara a nuestra planificación futura”, declaró.
Usos de los locales
En el caso de los dos locales situados en las plazoletas superiores tendrán usos diferenciados. Uno de ellos será destinado a oficinas de servicios municipales mientras que en el caso de la cafetería, la previsión es sacarla nuevamente a licitación para su explotación a inicios de 2018.
No obstante, el regidor adelantó que hay un proyecto de ubicar en dichos locales una piscina “y alguna actividad deportiva”, que está siendo objeto de estudio por parte de los técnicos.
Otra de las ventajas que Domínguez remarcó fue que el proceso no tuvo coste alguno para el Ayuntamiento, pese a que ha sido un “expediente largo y jurídica y administrativamente muy complejo”, confesó.
En este sentido, Adolfo González, valoró el trabajo de los servicios jurídicos y las decisiones políticas tomadas, tanto por el Gobierno municipal como por el Pleno, que han permitido que se pueda recuperar la infraestructura, construida con recursos privados en suelo público, y cuya inversión supuso 7 millones de euros. Su servicio era prestado a través de una empresa privada a la que se le pusieron varias sanciones, algunas leves, otras graves y finalmente una muy grave que conllevó la decisión de revertir la concesión administrativa, que al igual que el inmueble, desde el 8 de agosto ha vuelto a ser propiedad del Ayuntamiento.
“Caballo de batalla en los últimos años”
El estacionamiento fue inaugurado el 1 de octubre de 2010 y la concesionaria Aparcamientos Realejos S.L. tenía para su explotación un período de 40 años, plazo que no se cumplió debido a los incumplimientos de la empresa. Uno de los motivos se sanción fue porque se realizaron obras internas que mermaron el uso del inmueble y modificaron su uso inicial. Desde abril del año pasado permanecía cerrado.
“Ha sido el caballo de batalla del Gobierno local en los últimos años”, reconocieron el alcalde, Manuel Domínguez, y el concejal de Comercio, Adolfo González.
Respecto a las empresas que demandaron al Consistorio y a la concesionaria, el alcalde afirmó que se habían “barrado todas las cargas que podía tener la concesión con el asesoramiento de los servicios jurídicos y se les notificó a todos los afectados”. El Ayuntamiento solo tuvo que hacer frente a una sentencia judicial por un conflicto laboral.
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