El Gobierno de Canarias avanzó ayer en el Parlamento regional que, según un nuevo censo, los vertidos de aguas al mar no autorizados en el Archipiélago son 246, para un total de 355. Es decir, prácticamente el 70% de dichos vertidos en las Islas no son legales. A pesar de lo terrible de estos datos, lo cierto es que el avance informativo facilitado por la consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, causó recelo en la oposición, desde donde se recordó que hay un descenso cercano al centenar de ilegalidades si se compara con el censo anterior de 2008. Tales dudas se alimentan por dos circunstancias. La primera es el reconocimiento de las autoridades insulares de lo poco que se ha mejorado en los últimos años al respecto. La segunda es difícil de cuestionar: la población residente en las Islas ha crecido desde 2008 a la actualidad en unas 78.000 personas, mientras que hoy llegan más de dos millones de turistas más anualmente. Otra de las carencias detectadas en la información facilitada ayer por la consejera radica en que solo desgranó el número de vertidos no autorizados, pero no especificó cuáles de ellos son realmente contaminantes.
A la espera de la publicación oficial del nuevo censo de vertidos, Barreto desveló que las costas canarias registran hoy 355 vertidos al mar, de los que sólo 109 (31 %) cuentan con la preceptiva autorización. Además, 71 vertidos no autorizados están en proceso de tramitar el permiso, y 12 lo tienen vencido.
Por islas, Tenerife se lleva la palma con 146 vertidos, de los que 89 (61 %) no cuentan con autorización. Le sigue Gran Canaria con 109 vertidos censados, 77 de ellos sin permiso (71%),. Lanzarote registra un total de 33 vertidos, de los cuales 27 no tienen autorización (82%). Fuerteventura contabiliza 35 vertidos. 27 no autorizados (77%). En La Palma, de los 17 vertidos censados, 14 no cuentan con permiso (82%). La Gomera registra un total de 9 vertidos, 6 no autorizados. Y en El Hierro, ninguno de los 6 vertidos censados es de aguas residuales urbanas (aliviaderos de depósitos de riego o piscinas, entre otros).
Sin comentarios
Por otra parte, el subdelegado del Gobierno de España en la provincia tinerfeña, Guillermo Díaz-Guerra, rehusó ayer responder a la insinuación/amenaza proferida por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, durante el pasado pleno parlamentario. Sin citarlo expresamente, pero sin género de dudas sobre a quién se refería, Clavijo dijo el pasado martes que “ya le llegará el recadito”. Díaz-Guerra entiende que “todo lo que había que decir al respecto ya se dijo en el pleno”, en referencia a la réplica dada desde su grupo parlamentario (PP) y por parte de Patricia Hernández (PSOE). Sus intervenciones forzaron unas disculpas de Clavijo.
Principio de acuerdo
Por último, hay que reseñar que el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, anunció un principio de acuerdo con Madrid para cerrar sucesivos convenios para obras hidráulicas. sector que requiere de más de 2.000 millones de euros en las Islas para su normalización, según manifestó el herreño.
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