La Fiscalía Provincial de Medio Ambiente en Santa Cruz de Tenerife investiga desde hace meses los vertidos de aguas fecales sin tratar que tienen lugar por todo Tenerife, un hecho reconocido por el propio Cabildo insular, a tal punto que 33 de los 61 puntos de vertido existentes en la Isla no cumplen la legislación vigente. Fuentes cercanas al Ministerio Público y a varios ayuntamientos confirmaron ayer a DIARIO DE AVISOS que se trata, lógicamente, de unos trabajos aún con carácter preliminar, que hasta ahora se han limitado a recopilar información y que los mismos se iniciaron meses antes del verano, en consonancia con lo adelantado ayer por la Cadena Ser. Veamos algunos de los casos que, a buen seguro, centrarán la atención de los profesionales de esta Fiscalía Provincial, a cuyo frente se encuentra Francisca Sánchez.
Polígono de Güímar
Sí se puede e Izquierda Unida presentaron en los primeros días del pasado mes de julio una denuncia ante el Ministerio Público sobre el Polígono Industrial de Güímar. Dicha denuncia estaba firmada por los concejales Agustín Espinosa, del grupo de Sí se puede en el Ayuntamiento de Candelaria; Francisco Hernández, IUC de Arafo; y Lourdes Galindo, de Sí se puede en Güímar. En la misma ponen en conocimiento de la Fiscalía que desde hace décadas se están vertiendo aguas residuales sin depurar en dicho polígono, por cuanto sigue sin contar con una estación depuradora, a pesar de q ue se construyó hace 20 años.
“Además de los problemas existentes con el emisario a los que hoy en día se busca remedio”, explicó ayer Espinosa a este periódico, “existen tres puntos de vertidos ilegales de aguas no depuradas y que no cuentan con autorización”. Para los denunciantes, en el polígono güimarero se incumple “de forma reiterada el programa de vigilancia y control fijado en su momento por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias”.
Sanciones de la UE
Dos de los vertidos ilegales en las costas tinerfeña han motivado, junto a otros quince repartidos por la Península, una cuantiosa multa de la Comisión Europea a España. El montante de la misma está pendiente de ser ratificado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si bien la propuesta supera los 46 millones de euros, a los que hay que añadir más de 140.000 euros por cada día que pase siempre que prosiga el incumplimiento.
Uno de los dos vertidos tinerfeños es, precisamente, la ausencia de la depuradora en el Valle de Güímar, ya explicado, mientras que el otro se sitúa en Valle de Guerra, a donde van a parar aguas de la ciudad de La Laguna, Tejina, Ortigal, Guamasa, Tacoronte y el propio Valle de Guerra.
Rubens Ascanio, portavoz lagunero de Unid@s se puede, recuerda que su grupo ya denunció la existencia de informes del Gobierno de Canarias, concretamente los realizados por la empresa Cívica Ingenieros SL, en los que se afirma que, frente a los 4.500 metros cúbicos diarios que llegan a la depuradora de Valle de Guerra, solo 2.500 se tratan correctamente, enviándose el resto al emisario submarino con un tratamiento primario que no cumple la normativa.
El efecto de estos vertidos hace que existan valores excesivamente elevados de contaminación marina por aguas fecales, mayores a 20.000 UFC/100 de bacteria E.coli, debido a la escasa profundidad para el caudal de vertido, lo que en algunas ocasiones (si se dan las condiciones atmosféricas adecuadas) incluso afectan a zonas de baño.
Investigación previa
En resumen, la Fiscalía tinerfeña investiga los vertidos legales en esta Isla mucho antes de que así lo pidiera el presidente gran canario, Antonio Morales.