la orotava

El Gobierno local ignoraba lo que ocurría en la piscifactoría

El edil orotavense de Medio Ambiente confirma que no tenía conocimiento de lo sucedido y aclara que el Consistorio carece competencias en la instalación, pese a estar en el municipio
La edil de Unid@s sí Podemos Acacia Martín González tomó ayer posesión de su cargo en sustitución de José Antonio Lima, en cumplimiento de la política de relevos que contempla la formación municipalista para reivindicar el trabajo colectivo. DA
La edil de Unid@s sí Podemos Acacia Martín González tomó ayer posesión de su cargo en sustitución de José Antonio Lima, en cumplimiento de la política de relevos que contempla la formación municipalista para reivindicar el trabajo colectivo. DA
La edil de Unid@s sí Podemos Acacia Martín González tomó ayer posesión de su cargo en sustitución de José Antonio Lima, en cumplimiento de la política de relevos que contempla la formación municipalista para reivindicar el trabajo colectivo. DA

El concejal de Medio Ambiente de La Orotava, Luis Perera, aseguró ayer que no conocía lo sucedido en la piscifactoria de Aguamansa, una instalación ubicada en el municipio que fue cerrada el viernes tras la inspección realizada por la Dirección General de Salud Pública a petición del Cabildo de Tenerife, responsable de gestionar las instalaciones. La medida se adoptó tres días después de conocerse la noticia de que se contaminó este verano con antibiótico cuyo uso está prohibido en humanos (un derivado del cloranfenicol) el agua que llega al Canal del Norte y, por lo tanto, la que se utiliza para el consumo de la población en algunos municipios de la vertiente septentrional de la Isla y en parte del área metropolitana.

“Mi conocimiento es el mismo que han tenido los grupos políticos y que ha sido a través de los medios de comunicación. El Ayuntamiento de La Orotava no tiene competencia alguna en la instalación aunque el grupo de gobierno sí ha estado informado desde el mismo viernes y en todo momento por el Cabildo de las medidas adoptadas”, declaró el edil ante las preguntas formuladas en el pleno por el grupo Mixto y el PSOE.

Fue el portavoz de los populares, Rafael González, quien le preguntó en primer lugar a Perera si tenía conocimiento de lo sucedido y le preguntó qué medidas pensaba adoptar el Ayuntamiento y si le exigiría a la Corporación insular que se realicen todos los controles sanitarios en el recinto. “Ninguna porque no tiene competencias en la instalación”, le respondió.

No obstante, el edil confirmó que el alcalde, Francisco Linares, demandó verbalmente a los políticos insulares la puesta en marcha del futuro centro de interpretación de la corona forestal, que engloba un centro de educación medioambiental en el que se incluye la remodelación de la piscifactoria, de acuerdo con al exigencia sanitaria que impone la ley. Además, Cabildo y Ayuntamiento coinciden en que se desarrollen proyectos de educación ambiental en dicha instalación.

El portavoz del PSOE, Manuel González, fue más allá y cuestionó si el Ayuntamiento había recibido de las autoridades competentes algún informe que aclarase la situación. Pero la respuesta también fue negativa. “El consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, José Antonio Valbuena, ha dicho que no hay informe de lo sucedido y que éste se está elaborando por parte de los técnicos insulares”, manifestó Luis Perera.

Por último, descartó que en algún momento haya existido “un peligro real” para la salud de los consumidores locales. “Rotundamente no”, sentenció, ya que en el tratamiento con medicamentos a los peces se cumplió con los protocolos de seguridad, respetando el periodo de supresión necesario.

Esta fue una de las preguntas formuladas en la sesión de ayer, en la que actuó como alcalde accidental el portavoz de los nacionalistas y concejal de Hacienda, Juan Dóniz. Tras realizar un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de México, tomó posesión la nueva concejal de Unid@s sí Podemos, Acacia Martín, quien sustituye a José Antonio Lima en cumplimiento a la política de relevos que contempla la formación municipalista. Martín prometió “trabajar por un país canario libre e igualitario en el que se erradique el machismo y la violencia y se fortalezca la igualdad”.

Otro de los asuntos que requirió debate fue sobre la sentencia del caso El Trompo, que el 12 de agosto cumplió un año. El concejal de USP Fran Baute recordó que la misma condenaba a diversas penas de prisión e inhabilitación al ex alcalde Isaac Valencia y al secretario municipal, Juan Carlos de Tomás Martí. Asimismo, recordó que el 26 de junio de 2017, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife “emitió una nueva sentencia, ya firme, sobre el caso, en la que que, más allá de una reducción de las penas, se ratificaba la culpabilidad de ambos”.

De Tomás, en concreto, recibió según USP, una condena de seis meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y de siete años de inhabilitación especial para todo cargo o empleo público por un delito de prevaricación urbanística. “Han pasado ya cerca de tres meses desde la sentencia y Juan Carlos de Tomás Martí continúa en su puesto”, sostuvo el edil de USP, pese a las “importantes consecuencias que puede revestir para el Ayuntamiento”.

Por esta razón, le pidió al alcalde accidental que justificara las medidas adoptadas por el grupo de gobierno para que se haga efectiva la inhabilitación de De Tomás y preservar así la seguridad jurídica de las actuaciones de este Ayuntamiento.

Juan Dóniz afirmó que en el Ayuntamiento “no se conoce ninguna sentencia firme” y no se ha tomado ninguna decisión debido a que el Gobierno municipal “no tiene competencias para cesar a ningún funcionario con habilitación nacional”.

Ante su respuesta, Fran Baute le advirtió que su grupo “actuará en consecuencia”, ya que “por responsabilidad política y jurídica había que tomar una decisión al respeto en lugar de “escudarse en la ignorancia de la comunicación oficial”.

El Pleno aprobó dos mociones, ambas de carácter general que nada tienen que ver con el municipalismo. Sin embargo, una vez más y pese a las aclaraciones de unos y otros de que el Ayuntamiento “no es el parlamento” ni el Congreso de los Diputados, todos los grupos se enfrascaron en discusiones en las que la Administración local no tiene competencias.

La primera de ellas fue para instar al Gobierno nacional a que diseñe un nuevo modelo salarial y un nuevo pacto de rentas para España, mientras que en la segunda se requería una reforma urgente de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Ambas contaron con el rechazo del PP.

La propuesta de USP de crear un IBI social destinado a familias sin recursos quedó sobre la mesa a la espera de debate en el próximo pleno municipal.

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