Lo aprendimos el 23-F. Todos los españoles. Tanto el Estado como la ciudadanía supimos aquel día que no se puede permitir que la legalidad sea violentada, porque en ello nos va la libertad y los derechos que nos hemos concedido, que entre todos hemos conquistado. Ahora, en Cataluña, el llamado proceso hacia la independencia ha ignorado esta máxima fundamental. Se ha fingido, de forma irresponsable y en algún caso por motivos tan espurios como las investigaciones de corrupción abiertas contra políticos catalanes, una legalidad paralela, un simulacro de democracia que no es tal porque vulnera flagrantemente el acuerdo social de todos los españoles. Y, como entonces, el Estado ha entendido que debía abortarlo de raíz. A su pesar, porque nada bueno augura, pero sencillamente porque no se lo puede permitir. Abierto el melón de lo ilegal, se siembran las semillas de un odio que, bajo ningún concepto, puede germinar entre nosotros.
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