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La Fiscalía estrecha el cerco sobre Banesto en el derrumbe del edificio

El edificio Julián José, de cinco plantas, había sido construido en 1972. SERGIO MÉNDEZ

El Ministerio Fiscal apunta a las obras realizadas por Banesto como posible causa del debilitamiento de la estructura del edificio Julián José, en Los Cristianos, que acabó derrumbándose el 14 de abril del año pasado causando la muerte de siete personas. Así se desprende de la larga batería de preguntas (hasta 62, distribuidas en 11 apartados) dirigidas a Pedro José Vaquero Moreno, la persona identificada por el Banco de Santander (que absorbió a Banesto) como el responsable de esta última entidad que guarda relación con las obras realizadas entre 2003 y 2006.

Las preguntas que deberá responder en los próximos días el exdirectivo en un juzgado de instrucción de Madrid, ciudad donde reside, están orientadas a identificar los cargos de responsabilidad del banco cuando se acometieron las obras (dirección del departamento de Inmuebles de Banesto, directores de la sucursal entre 2000 y 2006 y los responsables de zona), y a clarificar los hechos examinando, una por una, las decisiones adoptadas.

El fiscal pide que se aclare qué obras se hicieron, en qué fechas, en qué consistieron, quién las autorizó y ejecutó, su duración y si los trabajos se compatibilizaron con el funcionamiento de la oficina. Algunas preguntas inciden específicamente en las obras efectuadas para abrir la fachada con ventanales, así como en el reforzamiento del búnker de la caja fuerte. El Ministerio Público quiere saber qué reformas se acometieron, quiénes intervinieron y si se produjo algún incidente.

El pliego de preguntas recuerda la declaración de uno de los subdirectores de la entidad en dicho período en la que reconoció que el personal y los clientes “notaban vibraciones del suelo, al correr o al cerrar la caja fuerte, además de contemplar grietas en techos, zona de baños y entrada”.

“¿Se hizo un estudio de carga y resistencia de la caja fuerte? ¿Se efectuaron las preceptivas comunicaciones a la Policía y al Ayuntamiento? ¿Al trasladarse de sucursal se la llevaron o quedó allí?”, son otras dudas que quiere disipar la Fiscalía.

Precisamente, sobre la mudanza a un local cercano, incide el Ministerio Público, al plantear varias cuestiones directas para aclarar el motivo del traslado en agosto de 2006. “Si es por espacio, cuántos metros se ganaron? Y si es por ubicación, en qué mejoró la situación estando tan próximas?”, cuestiona el fiscal, antes de reseñar su extrañeza por haberse realizado una inversión para reformar la sucursal del edificio y al poco tiempo trasladarse a otra oficina cercana.

Otro de los aspectos que pide la Fiscalía que se esclarezca es si la comunidad de propietarios del bloque de la calle Amalia Alayón se puso en contacto con Banesto para tratar el problema de las grietas y las vibraciones, y si el banco tenía conocimiento de que los dueños de las viviendas y el administrador de fincas encargaron un informe al técnico Carlos Andrés Ruiz Pérez a raíz de los daños detectados tras las obras de la sucursal.

En su escrito, el fiscal pregunta al exdirectivo de Banesto si le constaba que la comunidad de propietarios remitió una carta al banco el 15 de marzo de 2005 para que reparasen las grietas y que, poco después, el 6 de mayo, en la junta de la comunidad se informó de que la empresa de reformas de Banesto procedería a repararlas.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico señalaron ayer que es probable que la juez Sofía Elena Valdivia dé por concluida la instrucción del caso “a finales de año o principios de 2018”. A partir de ahí la magistrada dará traslado a las partes para que formulen sus acusaciones y determinen las responsabilidades. Las mismas fuentes apuntan que el juicio podría celebrarse a finales del próximo año.

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