La Ley del Suelo y de los Espacios Protegidos fue aprobada el 21 de junio; pero es hoy cuando entra en vigor, en virtud de una enmienda de CC-PNC aceptada por unanimidad. Votaron a favor del proyecto (33 de 60) Coalición Canaria, Partido Popular y Agrupación Socialista Gomera. En contra se posicionaron el PSOE (parcialmente), Podemos y Nueva Canarias. A partir de ahora, ya se podrá regularizar instalaciones ganaderas, implantar actividades complementarias a la agraria y se elimina la doble autorización (cabildo y ayuntamiento) para obras en suelo rústico, por lo que solo hará falta la municipal. Sin embargo, unos de los aspectos que más polémica suscitaron es el relativo a la supresión de la Cotmac: el órgano regional de control medioambiental. Tras el consenso alcanzado en la tramitación, la “evaluación ambiental estratégica del planeamiento estructurante” será competencia de un órgano autonómico, aunque los municipios de más de 100.000 habitantes y los cabildos estarán habilitados para establecer su propio organismo ambiental o bien firmar un convenio con la Administración de la comunidad autónoma. A pesar de los “muchos avances y acuerdos”, los grupos Socialista, de Podemos y de NC se reafirmaron en su rechazo al considerar “insuficiente” la corrección. Estos mantuvieron su posición inicial para que la nueva Cotmac avalase la evaluación ambiental estratégica para todos los planes de ordenación insulares y generales: para los siete cabildos y los 88 municipios. Dichos partidos coincidieron en la defensa de que las competencias autonómicas permanecieran en este ámbito. El portavoz de NC, Román Rodríguez, lo justificó así: “Debe haber una única Cotmac que, bien reglada, dimensionada y diligente, no entorpecerá la tramitación de los planes insulares ni los municipales. Además, daría una mayor seguridad jurídica”.
En lo que sí hubo un amplio entendimiento fue en lo relativo a la prohibición de construir nuevas camas alojativas turísticas. También se pactó que los agricultores y los ganaderos realicen actividades de comercialización y restauración de forma regulada, solo para los productos obtenidos en la explotación agroganadera, en el primero de los supuestos, y cuando la oferta culinaria principal de la segunda actividad sea de producción propia. Estas actividades se limitan, no obstante, a los profesionales.
Al pleno definitivo llegaron vivas casi 400 enmiendas. La oposición aglutinada en torno al PSOE, Podemos y NC puso el dedo en la llaga del disenso: “Es tradición que las legislaciones sobre el territorio salgan con una amplia mayoría, incluso con unanimidad. Se trata de una derrota en términos políticos, puesto que Fernando Clavijo es el primer presidente canario que aprueba una ley tan nuclear con una mayoría pírrica de 33 diputados frente a 27. No ha estado a la altura”. Y alertaron de que la ley “arrastrará a Canarias por los barrancos del peor desarrollismo urbanístico”. Lamentaron que el Ejecutivo haya “legislado de espalda a la ciudadanía con un texto impuesto” y que se haya “malgastado una oportunidad de oro” para ordenar el territorio de Canarias. Particularmente, Podemos augura que “beneficia a los grandes propietarios del suelo, al desregular y desaparecer la ordenación”. Desde esa perspectiva, interpreta que se ha legislado con el propósito de que “lo que no se podía hacer se convierta en carta blanca para aquel que tenga dinero por encima de la ordenación del territorio”. Desde el Ejecutivo lo ven con otro cristal: “La Ley del Suelo traerá progreso a Canarias. Garantiza la preservación de los espacios naturales en un momento clave. Toca mantener la
inercia o variar el ritmo para abrirse a nuevas oportunidades”.
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