Sí se puede e Izquierda Unida Canaria llevan a los plenos de los Ayuntamientos de Candelaria, Güímar y Arafo una propuesta compartida para determinar responsabilidades políticas en la depuración de aguas residuales, para su debate en las sesiones que se celebrarán la próxima semana. Ambas organizaciones presentan en las corporaciones del valle una moción para instar al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a crear comisiones de investigación para determinar las responsabilidades políticas que hayan tenido las personas encargadas de la depuración de las aguas residuales en los últimos 20 años en el Valle de Güímar.
En concreto, las mociones plantean que los ayuntamientos afectados acuerden instar al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias a crear estas comisiones de investigación para revisar los periodos de gestión de los últimos 20 años en ambas instituciones y determinar las actuaciones que cada responsable político realizó en su etapa de gobierno.
Sí se puede e IUC consideran que los acontecimientos ocurridos este verano en toda la Isla, y especialmente en la costa del Valle de Güímar, han generado en la sociedad una más que comprensible preocupación por el estado en el que se vierten las aguas residuales urbanas e industriales al mar.
La moción recuerda que tanto la organización ecosocialista –en los Ayuntamientos de Candelaria y Güímar– como Izquierda Unida Canaria, a través de su concejal en el Ayuntamiento de Arafo, han presentado varias denuncias ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y ante la Fiscalía de Medio Ambiente que han evidenciado la desastrosa gestión que se ha realizado en la depuración de las aguas residuales en Tenerife y en el Valle de Güímar.
Las denuncias apuntan, entre otras administraciones, a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, como responsable de la vigilancia, entre otras cuestiones, de los vertidos desde tierra al medio marino; la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, por ser responsable de las autorizaciones de vertidos al medio marino.
Igualmente, señalan al Cabildo de Tenerife como administración insular planificadora en materia hidrológica y con competencias en infraestructuras de saneamiento del sistema territorial Polígono Industrial Valle de Güímar y Valle de Güímar. Finalmente, revelan el papel del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, como autoridad de cuenca hidrográfica que ostenta la administración hidráulica de la Isla de Tenerife y a la que corresponde la dirección, ordenación, planificación y gestión unitaria de las aguas de Tenerife.
Estas denuncias han provocado una investigación de las personas que en la actualidad ostentan la responsabilidad política de las administraciones señaladas. Sin embargo, ambas organizaciones son conscientes de que “el desastre actual no es responsabilidad en exclusiva de las mandatarias actuales, ya que lo que hoy estamos sufriendo es consecuencia de la dejadez y la nula gestión que durante los últimos cuarenta años se ha hecho en materia de depuración de aguas residuales por los diferentes cargos políticos que tenían que gestionar esta cuestión y que, como norma general, han mirado para otro lado y no han gestionado absolutamente nada”.
Respecto al plazo de 20 años que plantea la moción como periodo a investigar, el grupo municipal en Candelaria detalla que el problema tiene más de cuarenta años, pero “hace ya veintidós que el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife asumió su responsabilidad de dirección, ordenación, planificación y gestión unitaria de las aguas de Tenerife, por lo que entendemos que pedir responsabilidades políticas de las últimas cinco legislaturas no es descabellado”.
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