La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo examinó ayer varias quejas contra la Ley del Suelo y la Ley de Islas Verdes de Canarias presentadas por la plataforma Canarias por Un Territorio Sostenible y ha solicitado a la Comisión Europea más información sobre ambas leyes antes de pronunciarse sobre si contravienen o no las normas comunitarias sobre la protección del medio ambiente porque en la UE no se consisten las vulneraciones mediambientales.
Así lo expresó ayer la presidenta de esta comisión europarlamentaria, la sueca Cecilia Wikström, tras escuchar las alegaciones de cinco peticionarios canarios con respecto a estas dos legislaciones de la comunidad autónoma, uno de ellos el autor de dicha iniciativa el profesor universitario y portavoz de XTF-Nueva Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez.
En su intervención, a la que ha tenido acceso este periódico, insistió en que la nueva Ley del Suelo de Canarias, en vigor desde el 1 de septiembre, “tiene una finalidad aparentemente simplificadora y liberalizadora, pero en realidad contiene una regulación contra el desarrollo sostenible y se sustenta en la irresponsable teoría del balance flexible de sostenibilidad, que propugna la utilización de recursos naturales no renovables como instrumento de política económica frente a las situaciones de crisis”.
La Ley, continuó, “viene impuesta, además, por una mayoría parlamentaria artificial, obtenida mediante la aplicación de un sistema electoral extremadamente injusto que convierte a la tercera fuerza en número de votos en primera fuerza parlamentaria y relega a la oposición a las fuerzas políticas que representan a la mayor parte de los votos populares”
Pérez profundizó en los instrumentos singulares, provisionales o transitorios que introduce la norma que, insistió, “abren el camino a la discrecionalidad y a las actuaciones arbitrarias de los poderes públicos, amenazando derechos fundamentales garantizados por la Unión europea y contraviniendo las garantías medioambientales comunitarias”.
“La Ley del Suelo está concebida para dificultar notablemente el acceso de los ciudadanos a la justicia en materia medioambiental”, y señaló que “esta Ley producirá efectos de carácter irreversible sobre el territorio y el medio ambiente de las Islas Canarias”.
En definitiva, “en el ámbito de Canarias, a partir ahora, quedaran seriamente recortados varios derechos fundamentales, y derogadas Directivas comunitarias, así como Leyes españolas y, por tanto, en entredicho la consecución “del desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico y equilibrado, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medioambiente, que proclama el Tratado de la Unión Europea”.
Oída la intervención de Pérez, Cecilia Wikström, reconoció que Bruselas no ha tenido tiempo de examinar las denuncias presentadas a la dirección general de Medio Ambiente, pero garantizó que “en breve” comunicará las conclusiones y las enviará a la Comisión de Medioambiente. Con respecto a la Ley de Islas Verdes, los denunciantes afirmaron que establece “esquemas extraordinarios de planificación turística” cuyo objetivo es construir infraestructuras turísticas “sin límite en relación a la capacidad o superficie”, incluyendo las amparadas con los niveles de protección medioambiental o natural.
El Gobierno asegura que la norma no contraviene la legislación ambiental
En contra de estos argumentos, la representante del Gobierno de Canarias, Cristina de León, señaló que “no es cierto que estas leyes pongan en peligro la protección medioambiental del Archipiélago”, y aseguró que “están dirigidas al cumplimiento estricto de las directivas europeas y de la legislación básica del Estado español”. En concreto, la técnico del Gobierno canario ha garantizado que la Ley de Suelo “no contraviene ninguna legislación ambiental y que la Ley de Islas Verdes propone un modelo de desarrollo turístico sostenible para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro que busca preservar sus recursos naturales a través de la promoción de establecimientos turísticos de mediana y pequeña dimensión compatibles con un crecimiento moderado que evita el despoblamiento”. En el debate también participaron, entre otros, los eurodiputados canarios Gabriel Mato (PP) y Juan Fernando López Aguilar (PSOE). El primero señaló que los peticionarios no han aportado “ni un solo argumento” para demostrar que las leyes contravienen las normas comunitarias; y el segundo apoyó la posición de los peticionarios en relación a la Ley del Suelo, que “multiplica las escotillas y las puertas traseras por las que se puede violar la seguridad jurídica”.
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