Los robos que en las últimas semanas se han producido en explotaciones de aguacates de la comarca del Valle de Aridane, han llevado a las asociaciones de agricultores de la Isla a pedir al director insular de la Administración General del Estado en La Palma, Miguel Ángel Morcuende, que ordene el aumento de las las inspecciones y controles en el campo, tarea que compete a los agentes de la Guardia Civil.
Estas acciones, que se vienen registrando en fincas de aguacates de todo el territorio insular desde hace varios años, y que han reaparecido en una de las zonas con mayor índice de producción, pueden ser minimizadas con el trabajo del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), que realizan acciones de control de la producción de aguacates en la Isla y una actualización con carácter anual. Los agricultores exigen que se impulsen mecanismos más exhaustivos y regulares, que impidan que, como ocurre actualmente, cualquiera pueda vender aguacates en un almacén sin necesidad de acreditar la parcela que cultiva ni documentación que acredite la procedencia de la fruta.
Las petiones para defender un subsector que ha crecido exponencialmente en los últimos años y que copa casi el 50% de la producción regional de esta fruta tropical, pasan no solo por animar a los agricultores que pudieran verse afectados por nuevos robos a presentar la correspondiente denuncia frente a las autoridades competentes, sino que van más allá y llegan hasta las consejerías de Agricultura del Cabildo palmero y del Ejecutivo autonómico.
Son estas administraciones, aseguran las asociaciones de agricultores de La Palma, las que deben trabajar con eficacia para reorganizar un sector del que, según una de estas entidades, Aspa, “está fuera de control”. La situación actual obliga, aseguran cosecheros y agricultores, a la creación de un registro de productores y explotaciones agrícolas. Se trata de un sector prometedor para emprendedores en el sector primario palmero, pero los expertos advierten de que hay que una creciente falta de perspectivas comerciales debida a la posible sobreproducción que provacaría, como ya ocurrió años atrás, una caída de los precios y por tanto una merma de los precios.
En La Palma en el año 2002 se dedicaban al cultivo del aguacate unas 344 hectáreas de terreno, lo que en términos de producción llegó a alcanzar las 2.100 toneladas, el 51% del total de la producción aguacatera de toda Canarias. En 2008, el número de hectáreas cultivadas de aguacate en la Isla superaba ya las 500, una cifra que en 2011 ya había crecido más de un 28%.
Una regulación eficaz del sector y la estabilidad de una demanda exterior más allá de las fronteras del archipiélago, a través de una entidad que agrupe a las organizaciones de productores, es el mecanismo necesario para lograr la fortaleza de un sector que puede contribuir de forma mucho más importante al incremento del PIB palmero, tal y como ocurre con el plátano en el sector primario.
Tras la reunión celebrada esta misma semana, inspectores de la Dirección General de Agricultura y del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) del Gobierno de Canarias, acompañados por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, han realizado diversas inspecciones en operadores de frutas de La Palma solicitando información sobre trazabilidad, registro de producción agrícola e higiene de la producción, así como tomando muestras para analizar si la fruta esta óptima para su comercialización.
Estas inspecciones responden a la petición de los agricultores que denunciaron el robo de aguacates en los últimos días y con ellas se persigue el control de las cantidades producidas y su entrada en los canales de comercialización.
El director general de Agricultura, César Martín, ha manifestado que “desde que nos comunicaron estas incidencias, hemos puesto en conocimiento del Seprona la situación y hemos movilizado a nuestros inspectores para, mediante el control de la producción, cooperar con las fuerzas de seguridad en poner fin a estas prácticas”.
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