Terrorismo autonómico

A finales del pasado año la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional recomendó por escrito colocar en las zonas de mayor tránsito de las ciudades sistemas de protección de bolardos y maceteros y jardineras, unos elementos que son de la mayor utilidad para evitar -o minimizar- los daños de los atropellos masivos indiscriminados que practican los terroristas. La recomendación fue seguida por Ayuntamientos y autoridades locales en toda España, incluyendo Madrid, excepto Barcelona. La alcaldesa Ana Colau, a partir de un informe de los Mossos, se negó a hacerlo con el peregrino argumento de que bastaba aumentar la presencia policial en las calles. Como siempre, la cuestión era no aceptar órdenes ni recomendaciones desde el Estado. Y ahora comprobamos que esos bolardos y otros elementos en las Ramblas habrían hecho imposible la tragedia. En cuanto a la presencia policial, la furgoneta asesina recorrió setecientos metros sin que ningún guardia urbano o mosso la detuviera a tiros; y eso ocurrió simplemente porque no había ninguno en casi un kilómetro. Como tampoco había ninguno para ayudar a los pocos ciudadanos que vieron huir al terrorista por el mercado de La Boqueria e intentaron seguirlo. No se trata de hacer responsable a la alcaldesa, aunque es evidente que si el alcalde de Barcelona fuese del PP ya hubiera sido crucificado por toda la progresía de este país, que defiende a la Colau. Finalmente, ahora parece que rectifica y considera la posibilidad de colocar los dichosos elementos. A buenas horas.

Otro peculiar argumento de la inefable -e incompetente- Ana Colau en contra de los elementos de protección callejera consiste en afirmar que no quiere sacrificar la libertad en aras de la seguridad. No sé a qué mente enferma -y sectaria- le puede parecer que unos bolardos atentan contra nuestra libertad, pero, en todo caso, estoy seguro de que la inmensa mayoría de los ciudadanos preferimos la seguridad de los vivos antes que la libertad de los muertos.

Resulta insólito que una policía regional lleve a cabo en exclusiva la investigación de un atentado terrorista que afecta a la seguridad del Estado; y es más insólito todavía que esa policía regional impida la colaboración e intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como los representantes de la Guardia Civil y la Policía Nacional han denunciado en un comunicado, en el que califican lo sucedido de “exclusión dolosa”. En la misma línea, el Parlamento catalán no les concedió la Medalla de oro, que sí otorgó a los Mossos y las Guardias Urbanas de Barcelona y Cambrils.

El Gobierno y el ministro del Interior han negado esa exclusión y alabado la supuesta coordinación producida, desautorizando y sacrificando así a sus policías. Es lo que hacen siempre Mariano Rajoy y el PP en los temas catalanes. Se llama apaciguamiento, cobardía y rendición. Y su resultado lo veremos el uno de octubre.