El verano de las microalgas y, sobre todo, la constatación de una terrible gestión de los vertidos de aguas sin tratar por parte de las distintas administraciones han terminado por cansar a una ciudadanía que parece decidida a tomar medidas y exigir responsabilidades.
Solo así se entiende el goteo actual de iniciativas que parten desde un mar cada vez más contaminado para terminar en los despachos de la Fiscalía provincial de Medio Ambiente, cual preámbulo de las salas judiciales. Si ya el pasado mes de julio se supo de la denuncia de varios representantes políticos del Valle de Güímar a cuenta del tremendo caso del Polígono Industrial de Güímar, donde hay una depuradora que lleva veinte años sin ponerse en marcha, hace poco ocurría algo similar en Tabaiba y Granadilla.
Tampoco es casual el enorme éxito alcanzado por la Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra (ADNT), que el pasado día 9 logró convencer a cerca de 5.000 canarios para que se manifestaran por las calles de Santa Cruz de Tenerife en defensa de un mar limpio y exigiendo responsabilidades por lo acaecido.
Ahora, esa misma plataforma de corte vecinal y ecologista anuncia querellas contra el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento capitalino, y promete poner de moda en el Archipiélago todo un capítulo del Código Penal: el de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Los calificativos empleados por sus portavoces durante la convocatoria celebrada ayer ante los medios de comunicación no dejaron lugar a dudas: palabras como irresponsabilidad e inhibición se repitieron en las bocas de Yashira De Ara, Soledad Arocena y Carlos Guilarte durante su alocución ante la Casa de los Dragos, principal sede del Consistorio santacrucero. Cuando la Justicia se encuentra en una situación como la descrita, en ocasiones decide agrupar lo que, en realidad, son piezas de un rompecabezas llamado contaminación del mar canario.
Por ello no es de extrañar que, a primeros del mes en curso, fuentes cercanas a la Fiscalía provincial de Medio Ambiente reconocieran que, desde hace meses, se estudia con lupa el tema de los vertidos. Bien lo saben varios de los ayuntamientos de Tenerife, cuyo personal ya ha tenido que responder a las solicitudes de información efectuadas desde el Ministerio Público. En algunos casos, los trámites fueron sencillos; en otros, hay problemas hasta entregar la documentación requerida.
Los vertederos: la otra cuestión medioambiental pendiente
Si Canarias (y especialmente Tenerife) suspende en vertidos, también lo hace en vertederos: tanto por una causa como por la otra, las Islas han motivado sanciones a España por parte de la Unión Europea. Ahora las administraciones parecen ponerse las pilas en las soluciones. Serán otros los que exijan responsabilidades.
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