La carretera de Fuencaliente seguirá, al menos a corto plazo, sin ser asfaltada. Seis meses han transcurrido desde que el Ayuntamiento, a través de su grupo de Gobierno, comenzó el envío de misivas a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias para resolver una situación de “aislamiento”.
Desde el departamento que dirige el nacionalista Pablo Rodríguez, se justifica esta situación en una cuestión de legalidad administrativa, que pasa por “la imposibilidad de comprar asfalto” a la única planta de aglomerado de la Isla, a unos kilómetros del casco urbano de Fuencaliente, porque “la declaración de impacto de la carretera dice que el asfalto debe proceder de una planta legalmente establecida”.
Aseguró en declaraciones a este periódico el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, el palmero Onán Cruz, que “debemos y tenemos que cumplir con los procedimientos legalmente establecidos y el informe de impacto ambiental de esta obra de la Carretera del Sur es muy claro al respecto”.
Cruz reconoce que sobre esa situación fueron alertados desde la Unión Temporal de Empresas que ejecuta el proyecto, y que en paralelo viene solicitando la implantación de una planta de asfalto móvil. Mientras tanto los vecinos, los empresarios, los turistas y los agricultores de Fuencaliente, además del Ayuntamiento, esperan desde hace meses una solución.
El Gobierno de Canarias, reveló el viceconsejero de Obras Públicas a este periódico, espera recibir un informe del departamento regional de Industria que clarificará la situación de la planta de asfalto de Lusan.
Esta empresa, instalada en El Jaral desde hace casi 30 años, sigue comercializando aglomerado asfáltico para instituciones como el Cabildo, los ayuntamientos o para entidades públicas como el Consejo Insular de Aguas, mientras la UTE de la Carretera del Sur espera por una declaración de impacto que les permita generar su propio asfalto, un proceso que requiere de un estudio cuya tramitación puede oscilar entre los tres y los seis meses.
La empresa adjudicataria de la obra de la Carretera del Sur, logró el contrato con un presupuesto un 25% menor de la cuantía licitada inicialmente, una baja que para muchos de los que se quejan en Fuencaliente, guarda vínculo directo con la necesidad de generar su propio asfalto, abaratando los costes y con la perspectiva de convertirla, al término de la obra viaria, en una nueva industria pesada en el Jaral.
Esa posibilidad se suma al hecho de que el Cabildo de La Palma, en su proceso de modificación del Plan Insular de Ordenación de La Palma, ha propuesto una ampliación de en torno a 250.000 metros cuadrados de esa zona industrial, espacio en el que pretende instalar el suelo apto para la localización de industrias pesadas. Desde la Consejería de Obras Públicas entienden que “la prioridad son los vecinos y terminar las obras”, pero más allá de esa expresión de buena voluntad, basada en argumentos que no impiden la compra de asfalto a Lusan por parte del resto de administraciones públicas y privadas de La Palma, el Gobierno de Canarias no puede dar, a día de hoy y en tanto no se conozcan las conclusiones del informe de la Viceconsejería de Industria, una respuesta a los vecinos y al Ayuntamiento de Fuencaliente.
La celebración de una asamblea vecinal y la posible convocatoria de una manifestación sino hay una respuesta en las próximas semanas, es uno de los planteamientos del consistorio, cogobernado por la Unión Progresista de Fuencaliente y el PSOE.
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