El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz estudia la posibilidad de construir una promoción de viviendas de alquiler social, según anunciaron ayer la concejal de Vivienda, Carmen Delia Alberto, y el gerente de la Sociedad Pública de Viviendas Municipales, Juan Ramón Beltrán. Cabe destacar que, según cifras del Consistorio, el número de solicitantes inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda Pública en arrendamiento es de 2.223 personas en la capital.
Alberto explicó que “el alcalde nos ha hecho un encargo para estudiar esta posibilidad. Estamos en ello y creo que puede haber una buena próxima noticia”, a lo que añadió que aún se está barajando en qué zona del municipio sería, aunque evidentemente en suelo municipal, el número exacto de viviendas y si se pueden acoger a algún tipo de programa o financiación externa. La previsión es iniciar este proyecto en lo que queda de mandato. La concejal sostuvo que esta construcción viene motivada por la mejora económica de la capital y porque, “según información de promotoras y de asociaciones de inmobiliarias, no hay viviendas vacías para alquilar en el sector privado y tenemos una parte social importante que tiene aún más dificultades,y por eso hacemos un esfuerzo para facilitar el acceso a la vivienda”. Se trataría de la primera vez que el Ayuntamiento acometería la construcción de una promoción para este tipo de alquiler.
En esta línea, Alberto y Beltrán también indicaron que se prevé sacar a licitación, antes de final de año, la gestión del servicio de una futura bolsa de viviendas para alquiler social, en la que el Ayuntamiento asumiría el aval y un seguro para animar a los particulares a poner sus viviendas vacías en este régimen de alquiler. Se espera que la bolsa arranque en 2018 con unos 50 inmuebles, cifra que se iría incrementando anualmente, y un presupuesto de unos 200.000 euros. Además, se prevé sacar esta misma semana la convocatoria de ayudas, cofinanciadas al 50% con el Cabildo, para la rehabilitación de viviendas con el fin de cumplir con la accesibilidad, los requisitos de habitabilidad y la nueva normativa, por un importe máximo de 6.000 euros por persona. Asimismo, hasta el 25% de la ayuda se podrá destinar a la parte que tienen que abonar los vecinos en las actuaciones de renovación urbana. El presupuesto para 2018 es de 331.000 euros.
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