El Cabildo ha respondido a una solicitud de información complementaria para regularizar la situación del Complejo Ambiental de Los Morenos, columna vertebral del sistema de recogida de residuos en la Isla y receptora de 34.000 toneladas al año provenientes de los 14 municipios palmeros.
El proceso de regularización para obtener la denominada “autorización ambiental integral”, tal y como explicó el presidente del Cabildo palmero, Anselmo Pestana, “está en tramitación y vamos avanzando”, un objetivo irrenunciable que pese a llevar en marcha un año y medio, “no pone en peligro el funcionamiento del Complejo Ambiental”.
Desde este modo, el grupo de Gobierno en el Cabildo, con la gestión de residuos en manos del consejero nacionalista Juan Manuel González Luis, descarta los temores de agentes sociales, económicos y políticos tras la la ratificación de la sentencia por parte del Tribunal Supremo (TS) del dictamen jurídico del alto tribunal canario que anuló la autorización ambiental otorgada por el Gobierno de Canarias en el año 2011 al proyecto del Complejo Ambiental de tratamiento de residuos.
González Luis aseguró en una reciente comparecencia pública que “nada hace pensar que se pueda cerrar el Complejo Ambiental de Los Morenos”, pero al mismo tiempo está claro que el Cabildo no puede acometer, en las circusntancias actuales, nuevas obras para construir las nuevas celdas de vertido. Esos grandes depósitos en Los Morenos han dejado de resultar imprescindibles, eso sí, contando con la una colaboración ciudadana que deberá tomar conciencia de unos hábitos de reciclaje más allá solo del papel, el cartón y el vidrio, y que necesariamente pasa por los envases de plástico y la separación de residuos orgánicos.
El Complejo Ambiental de Los Morenos inició su andadura después de más de un lustro de obras, retrasos en la ejecución y modificados del proyecto original, en el verno de 2012, pero apenas tres años después los técnicos advirtieron sobre sus limitaciones y sobre la necesidad de construir al menos dos nuevas celdas de vertido.
La denuncia de la Asociación de Vecinos Montaña Azufre, cuestionando la legalidad de la instalación y el modelo de gestión de los rediuos, logró finalmente y contra todos los pronósticos políticos, que el Tribunal Supremo anulara en última instancia la autorización. Los vecnos de Montaña de Azufre argumentaron la ausencia del proceso de información pública al que todos estos documentos deben estar sometidos para recoger alegaciones y ser mejorados en beneficio de la sostenibilidad y la preservación de valores medioambientales.
En el territorio insular se encuentran distribuidos 572 iglús verdes, 357 contenedores amarillos y 347 contenedores azules. El último proceso de separación de residuos desde los hogares palmeros se lleva a cabo con el contenedor marrón para material orgánico y ya funciona en los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane, donde se han instalado 125 contenedores en la vía pública, además de los que tienen los establecimientos hosteleros tales como Fuencaliente.
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