El Cabildo insular de La Palma convocará una comisión específica, a propuesta del vicepresidente del Cabildo, José Luis Perestelo, sobre la compleja situación jurídica que obliga a la institución a pagar casi 400.000 euros al arquitecto Fernando Menis por el proyecto del Auditorio Insular, que nunca se ejecutó.
El presidente del Cabildo, el socialista Anselmo Pestana, confirmó que la institución, a través de sus servicios jurídicos, ha presentado formalmente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y tras haber perdido el juicio en primera instancia.
Este procedimiento jurídico, en base a una decisión del grupo de Gobierno y previa consulta a los servicios jurídicos del Cabildo, pretende evitar el pago de esa cantidad tan importante de dinero con cargo a las arcas públicas de la institución, de forma que se pueda lograr “la protección frente a las vulneraciones de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de la Constitución originadas por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes”.
Este recurso de amparo para evitar pagar los casi 400.000 euros que Fernando Menis exige al Cabildo como pago a la redacción del proyecto de Auditorio Insular y un modificado posterior, es la última oportunidad de la institución palmera, al margen de que le grupo de Gobierno, en caso de ser desestimado la petición por parte del Constitucional, decidiera acudir al Tribunal europeo de Derechos Humanos, algo que debería estar muy bien argumentado en términos jurídicos y que en principio, según varios juristas expertos consultados, tendría difícil encaje.
De momento, el Cabildo ha abonado ya, en concepto de costas por el proceso jurídico abierto, un total de 31.300 euros, fondos que han salido de las arcas insulares semanas atrás y que no se verán aumentadas en el caso de este recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que es gratuito.
Los populares han pedido y siguen pidiendo explicaciones por este proceso. La sentencia del Auditorio insular dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias condenó a la corporación insular a pagar 390.000 euros al arquitecto Fernando Menis por la ampliación de un proyecto del referido auditorio que no le fue remunerado y que nunca se llegó a ejecutar. Pestana asegura defienden los intereses de la institución en el Constitucional porque no están de acuerdo con los honorarios del proyecto.
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