El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán, anunció ayer que el próximo día 13 habrá una reunión entre su departamento, la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife y operadores jurídicos, con el fin de empezar a tomar decisiones sobre la futura ubicación de la Ciudad de la Justicia.
En una comisión parlamentaria, avisó, no obstante, de que “no se puede estar en el diálogo permanentemente y no tomar decisiones”, y por ello pidió a los diputados que si el Gobierno canario se compromete a acatar que la nueva infraestructura se ubique en Cabo Llanos, hagan lo mismo si definitivamente se escoge El Sobradillo.
Barragán comentó que en su momento la Consejería tenía “clarísimo” que la opción de El Sobradillo “era la más ideal”, al tiempo que la movilidad “no genera problemas” en ninguno de los dos sitios, ya que El Sobradillo está “bien conectado” con el norte y el sur de la Isla.”No tenemos interés en salir de Cabo Llanos, lo estudiamos todo, pero las dificultades siguen siendo enormes”, apuntó, sin obviar que si Cepsa, con propiedades en la zona, “quiere entrar en juego”, las posibilidades pueden ser diferentes.
Sobre la anulación del Plan General, indicó que si el Tribunal Supremo mantiene la sentencia, “estará en vigor el anterior y Santa Cruz no se queda en la nada”, aparte de que el Ayuntamiento ya ha anunciado un proceso de revisión.
El consejero comentó que el proyecto de El Sobradillo sigue siendo “más rápido” porque la parcela es propiedad de la comunidad autónoma y en Cabo Llanos hay que “rehacer” convenios urbanísticos y ejecutar compensaciones, “y aunque haya voluntad, eso lleva más de 24 meses”.
Además, pronosticó que construir una nueva Ciudad de la Justicia puede tardar unos seis años, “parecido” a lo que se tardó en Gran Canaria, y espera que en la cumbre del día 13 se evalúe toda la información y haya “respuestas concretas y precisas”. “Me da igual que la primera piedra se coloque en 2020, pero por lo menos saber que el proyecto empieza a caminar y haya una Ciudad de la Justicia y no un edificio para salir del paso y que en el futuro se vuelva a pedir otro; espero que construyamos algo que sea útil para la sociedad en los próximos 40 o 50 años”, apostilló el consejero nacionalista.
La oposición parlamentaria reitera que la solución debe ser consensuada
El diputado Gustavo Matos (PSOE) opinó que “lo más idóneo” es ubicar el campus en Cabo Llanos gracias a la concentración de órganos judiciales, mejor movilidad o cercanía de otras sedes administrativas. Valoró que el Gobierno haya optado por reabrir el debate sobre Cabo Llanos cuando lo “habían dejado zanjado” hace meses. Melodie Mendoza (ASG) reclamó más “diálogo” con operadores jurídicos y vecinos de Santa Cruz y que la ubicación se resuelva “cuanto antes”, para acabar con la dispersión de sedes y alquileres anuales de 1,2 millones. Esther González, de NC, subrayó que la vuelta al diálogo en torno a la opción de Cabo Llanos demuestra que “no estaba todo hablado”. Concepción Monzón (Podemos) pidió una “decisión consensuada” con operadores y vecinos. Luz Reverón, del PP, también solicitó un “lugar consensuado” con los colectivos de Justicia y que el edificio tenga “proyección futura”, para “no hacer chapuzas”.
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