El Ayuntamiento de La Laguna presuntamente ha prorrogado durante años contratos de servicios públicos vencidos, algunos de ellos millonarios, a pesar de los informes de la Intervención que advertían de que esta práctica, institucionalizada durante la etapa como alcalde del actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y continuada por su sucesor, José Alberto Díaz, también de Coalición Canaria (CC), es contraria no sólo a los propios pliegos de los concursos, sino a la Ley de Contratos del Sector Público, en información que adelanta CanariasAhora.com.
Se trata de al menos siete adjudicaciones que oscilan entre los 500.000 euros y los 14 millones, para un total que supera los 32 millones de euros. Las concesiones se remontan, en su mayoría, al período comprendido entre 2010 y 2012, con Clavijo como regidor de la corporación, aunque una de ellas data de abril de 2008, cuatro meses antes de la salida de la Alcaldía de la actual diputada de CC en el Congreso, Ana Oramas. En el pleno ordinario celebrado el pasado mes de abril, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna dio cuenta de los decretos aprobados en contra de los reparos de Intervención en el segundo y tercer trimestre de 2016 y, entre ellos, figuraban cinco autorizaciones de continuidad
-de entre las siete mencionadas- que implicaban un gasto total superior a los tres millones de euros.
La fórmula para dar continuidad a esos contratos se ha repetido de forma mimética desde el año 2014, fecha en la que comenzaron a superar el período máximo de vigencia, con prórrogas incluidas, que estipula la legislación. En ese momento, y ante los constantes retrasos para preparar y convocar los concursos que debían renovar esas adjudicaciones, los concejales de las áreas afectadas han elevado sus propuestas para mantener esos contratos. Una pretensión que ha chocado frontalmente con el área de Intervención, que ha reiterado en cada uno de sus informes que ese sistema de continuidad supone un incumplimiento de los pliegos y de la normativa de contratación pública.
A pesar de ello, el Ayuntamiento, a través de decretos del alcalde (o del presidente, en el caso de los organismos autónomos), ha levantado los reparos planteados por el interventor de forma sistemática y, para ello, ha utilizado siempre el mismo argumento: la necesidad de mantener el servicio por interés público, ya sea para “asegurar la atención a personas en situación de riesgo de exclusión social” o para “promover hábitos de vida saludable” mediante la práctica de actividades deportivas. A través de esta práctica, los contratos se han prolongado más allá del plazo máximo fijado por ley. En algunos casos, en más de un año. En otros, en más de tres.
Nuevos concursos
No ha sido hasta principios de 2017 cuando el grupo de gobierno se ha propuesto comenzar a regularizar estas prórrogas irregulares a través de la convocatoria de cuatro concursos para la renovación de otros tantos servicios a los que se les había dado continuidad con ese sistema. Dos ya han sido adjudicados y otros dos están en fase de evaluación, según los datos publicados en el perfil del contratante del Ayuntamiento.
En abril, el Consistorio concedió a la empresa Arasti Barca la gestión de los centros de día para menores por 416.389,12 euros. Hasta esa fecha, estaba en manos de otra sociedad, Lude, que prestaba ese servicio desde febrero de 2011 con un contrato de 515.782,58 euros que venció en febrero de 2015. Era de dos años, prorrogable por otros dos. También ha renovado los contratos de las escuelas infantiles Pérez Soto y La Verdellada. Hasta julio era Koroibos la encargada de esta prestación gracias a un contrato de 1,5 millones de euros firmado en noviembre de 2010, caducado cuatro años después y prorrogado hasta en seis ocasiones por la corporación local al margen de la normativa de aplicación. La nueva adjudicataria es Clece y Koala Soluciones Educativas, que se ha hecho con un contrato de 1,2 millones de euros que suma otro centro a gestionar, La Cuesta.
Los dos concursos en fase de evaluación son los de alumbrado público y apoyo a la asistencia escolar. El primer servicio lleva más de un año vencido. El contrato con Effico fue suscrito en septiembre de 2010 por un período de cuatro años, prorrogable por otros dos, y un importe de 14,34 millones de euros. El segundo, firmado con Eulen, asciende a 579.506,4 euros y debió haber finalizado hace más de tres años, en abril de 2014, ya que los pliegos contemplaban una vigencia máxima de cuatro.
De los expedientes a los que ha tenido acceso CanariasAhora.com y que ahora reproduce este periódico, otros tres servicios públicos adjudicados por el Ayuntamiento lagunero continúan prestándose con los contratos vencidos. El de mayor cuantía es el de ayuda a domicilio, otorgado en abril de 2008 a Servisar por 13,61 millones de euros. Los pliegos fijaban una duración de cuatro años, prorrogable hasta un máximo de siete. Dos años y medio después de que se agotara este plazo, la corporación no ha convocado aún el concurso.
Tampoco lo ha hecho el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) para regularizar el servicio de limpieza de sus instalaciones y la gestión del programa La Laguna Deporvida. El primero de ellos, adjudicado en 2011 a DOAL por 1,08 millones de euros, no podía ser prorrogado más allá de marzo de 2015. El segundo, concedido en 2012 a Arasti Barca por 1,6 millones de euros, venció en junio del año pasado. En estos dos últimos casos quien levanta los reparos del interventor es el presidente del organismo, el concejal Agustín Hernández.
Prórroga retroactiva
Además de la disconformidad con la fórmula descrita para dar continuidad a esos contratos, los informes del área de Intervención ponen de relieve otras irregularidades en su tramitación. Entre otras cuestiones, revelan que muchas de esas propuestas de prórroga no han sido formuladas por los funcionarios competentes, sino por los concejales del área; que no se han incorporado a los expedientes las copias de los contratos y de los acuerdos de continuidad; que no han cuantificado su coste o que se les ha dado a esas prórrogas un carácter retroactivo para intentar justificar el mantenimiento de la adjudicación. “El acto administrativo por el que se acuerda la continuidad debió ser adoptado con anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia”, expone en sus informes. El alto funcionario recuerda además que la suma de las prórrogas nunca puede superar la duración originaria del contrato.
Este asunto fue abordado en los plenos celebrados en marzo y en abril. Entonces, el concejal de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) Santiago Pérez denunció la continuidad de estos contratos y el “absurdo jurídico” de las prórrogas retroactivas, “una ilegalidad flagrante”, puesto que “no se puede prorrogar lo que no existe”. También la concejala de Unidos Se Puede Idaira Afonso lamentó que no se le haya dado solución a un problema “antiguo y heredado”, una fórmula, dijo, “que tienen tan en el ADN que les cuesta cambiarla”.
Por su parte, la primera teniente de alcalde de la corporación, Mónica Martín (PSOE), pidió disculpas en el pleno de marzo. “En mi incorporación me encontré que no se habían trabajado los pliegos de los contratos que estaban a punto de vencer. Estamos trabajando a marchas forzadas”, dijo.
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