El concejal de Cohesión Social de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega (Podemos), tendrá que pagar 4.000 euros más intereses al empresario Miguel Ángel Ramírez, al que no podrá descalificar en el futuro, por un delito de intromisión en su honor tras una sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial que ratifica la condena ya dictada en enero pasado por el Juzgado de Primera Instancia número 13. Este nuevo fallo judicial viene a desestimar el recurso de apelación que el edil había interpuesto contra aquella condena inicial, a la vez que le impone las costas y declara la pérdida del depósito que había entregado.
Miguel Ángel Ramírez, que destinará la indemnización a Cáritas y San Juan de Dios, había denunciado a Jacinto Ortega por unos insultos proferidos por éste durante una rueda de prensa cuando era delegado de Intersindical Canaria en el sector de seguridad privada. El concejal se refirió al empresario como “corruptor” y “corrupto” y, aunque en sede judicial alegó que no se refería particularmente a Ramírez, tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial no tienen duda de que esas descalificaciones se dirigían al empresario.
Además y después del acto de conciliación previo a la sentencia de enero pasado, Ortega manifestó a una cadena de televisión que no podía “dañar el honor de alguien que no lo tiene”, lo que se considera otra “descalificación personal y pública” al margen de la labor sindical.
Tanto aquella resolución judicial como la conocida ahora sostienen que esos insultos eran “innecesarios” porque exceden la protección de los derechos constitucionales a la libertad de expresión y al trabajo sindical, esgrimidos por el concejal, con el fin de repercutir en la imagen personal del empresario con alusiones ajenas al conflicto laboral que pudiera existir en Seguridad Integral Canaria.
La condena no sólo contempla un apartado económico, sino que supone que Jacinto Ortega “se abstenga en el futuro de realizar actuaciones” como las que propiciaron la denuncia de Ramírez. Asimismo, ya el condenado tuvo que pagar la publicación en prensa del encabezamiento y la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 13.
Se da la circunstancia de que, aunque Jacinto Ortega cometió el delito contra el derecho al honor en su condición de representante sindical antes de ser concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, actualmente desde este cargo está abordando asuntos relacionados con Ramírez, como la concurrencia en concursos públicos que han sido adversos para sus empresas.
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