La Intervención del Ayuntamiento de La Laguna advirtió reiteradamente al exalcalde Fernando Clavijo y a su sucesor, José Alberto Díaz, de que las prórrogas de determinados contratos para la prestación de servicios municipales contravenían la legislación vigente al haberse extinguido. Explica el actual titular de este órgano, cuya misión es velar por la legalidad de toda actuación del Ayuntamiento que tenga consecuencias económicas, que dicha actuación es contraria a la Ley de Contratos del Sector Público, pero además tampoco estaban previstas en el acuerdo original con la empresa. Otro de los motivos por los que la Intervención puso reparos a este tipo de procedimientos guarda relación con los precios abonados a las empresas, al entender que no se justificaba la cuantía, dado que se tomaba como única referencia el fijado inicialmente, lo que en muchos de los casos se remontaba al lustro anterior.
Así se recoge en los numerosos informes que rubricaron, dado que la plaza de interventor está vacante desde hace años, tanto el actual viceinterventor del Ayuntamiento lagunero, Gerardo Armas Davara, como la Jefa de Sección de Control y Fiscalización, Segunda del Castillo Pérez, en al menos siete casos en los que Clavijo y Díaz autorizaron estas prórrogas, tal y como adelantó CanariasAhora.com, para lo cual no dudaron en saltarse los reparos puestos por la Intervención.
En dichos informes se repiten una y otra vez las advertencias sobre la ilegalidad que supone esa continuidad de unos contratos que habían superado tanto el plazo previsto para su vigencia como el de prórroga del mismo. La otra constante en todos los informes es, como se ha dicho, la de los precios, al entender la Intervención que, con el paso del tiempo, se debe atender a otros factores a la hora de fijar los mismos, como por ejemplo la valoración de mercado existente en ese momento.
Los casos detectados son siete y afectan a otros tantos servicios municipales, algunos de los cuales siguen prestándose en la actualidad sin que cuenten, atendiendo a lo expuesto desde la Intervención municipal lagunera, con la debida cobertura jurídica. De los siete, dos han sido regularizados a través de una nueva adjudicación del servicio conforme a la legislación vigente, mientras que otros dos están en fase de evaluación para lograr idéntico objetivo.
Como desvelaba CanariasAhora.com y se hizo eco ayer este periódico, fue el pasado mes de abril cuando el Consistorio concedió a la empresa Arasti Barca la gestión de los centros de día para menores por 416.389,12 euros. Hasta esa fecha, estaba en manos de otra sociedad, Lude, que prestaba ese servicio desde febrero de 2011 con un contrato de 515.782,58 euros que venció en febrero de 2015. Era de dos años, prorrogable por otros dos. También se han renovado los contratos de las escuelas infantiles Pérez Soto y La Verdellada. Hasta el pasado julio era Koroibos la encargada de esta prestación gracias a un contrato de 1,5 millones de euros firmado en noviembre de 2010, caducado cuatro años después y prorrogado hasta en seis ocasiones por la corporación local al margen de la normativa de aplicación. La nueva adjudicataria es Clece y Koala Soluciones Educativas, que se ha hecho con un contrato de 1,2 millones de euros que suma otro centro a gestionar, el de La Cuesta.
Los dos concursos en fase de evaluación son los de alumbrado público y apoyo a la asistencia escolar. El primer servicio lleva más de un año vencido. El contrato con Effico fue suscrito en septiembre de 2010 por un período de cuatro años, prorrogable por otros dos, y un importe de 14,34 millones de euros. El segundo, firmado con Eulen, asciende a 579.506,4 euros y debió haber finalizado hace más de tres años, en abril de 2014, ya que los pliegos contemplaban una vigencia máxima de cuatro.
En cuanto a los tres restantes, continúan prestándose los respectivos servicios con los contratos vencidos. El de mayor cuantía es el de ayuda a domicilio, otorgado en abril de 2008 a Servisar por 13,61 millones de euros. Los pliegos fijaban una duración de cuatro años, prorrogable hasta un máximo de siete. Dos años y medio después de que se agotara este plazo, la corporación no ha convocado aún el nuevo concurso.
Tampoco lo ha hecho el Organismo Autónomo de Deportes (OAD) para regularizar el servicio de limpieza de sus instalaciones y la gestión del programa La Laguna Deporvida. El primero de ellos, adjudicado en 2011 a DOAL por 1,08 millones de euros, no podía ser prorrogado más allá de marzo de 2015. El segundo, concedido en 2012 a Arasti Barca por 1,6 millones de euros, venció en junio del año pasado. En estos dos últimos casos quien levanta los reparos del interventor es el presidente del organismo, el concejal Agustín Hernández.
Cabe recordar que, entre los siete casos, hablamos de una cifra que supera los 32 millones de euros en total.
En los informes de la Intervención donde se ponían reparos a estas prórrogas de dudosa legalidad también hay determinadas referencias a cuestiones que ponen en alerta al órgano fiscalizador. Algunas de esas menciones son llamadas de atención por la no inclusión en los respectivos expedientes de determinada documentación, Así ocurre en el informe sobre el Servicio de Conservación y Mantenimiento del Alumbrado Público, a cuyo expediente no se aportó “copia del contrato administrativo formalizado ni del acuerdo de prórroga adoptado”. En otros, como por ejemplo en el de Servicio de Día o el de Ayuda a Domicilio, la Intervención recuerda que con anterioridad ya había puesto reparos de los que desconoce si fueron o no resueltos por la Alcaldía, aspecto que debe ser justificado y aportado al presente expediente”.
En cuanto a los argumentos expuestos desde el Ayuntamiento para justificar este proceder, que con el paso de los años (especialmente desde 2014) se tornó sistemático, se recurre a la necesidad de mantener el servicio ante los negativos efectos que tendría la suspensión del mismo. Sin embargo, el hecho de que el principal reparo a este proceder alude a que se trata de contratos vencidos (de lo cual es responsable el propio Ayuntamiento por no renovarlos a tiempo) pone en cuestión tal argumento, tal y como apuntaba ayer el concejal de XTF-NC Santiago Pérez, quien ya ha anunciado su intención de presentar una denuncia ante la Fiscalía por estos hechos.
Otra de las actuaciones que se han puesto en entredicho radica en que las propuestas para llevar a cabo estas prórrogas de dudosa legalidad parten desde cargos políticos y no técnicos (como es lo adecuado), ya que en los siete expedientes analizados siempre es el concejal del área quien rubrica la propuesta en cuestión.
Resta aludir a las singulares “prórrogas retroactivas” de las que ya se informó ayer, y que suponen un intento de justificar el mantenimiento de la adjudicación de escaso rigor jurídico, “El acto administrativo por el que se acuerda la continuidad debió ser adoptado con anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia”, expone en todos sus informes la Intervención, que recuerda además que la suma de las prórrogas nunca puede superar la duración originaria del contrato en cuestión.