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Madrid pone pegas al gas en Tenerife, pero el puerto de Granadilla garantiza que es viable

El expediente para la construcción de la planta regasificadora en el puerto de Granadilla, a punto de inaugurarse, se inició hace la friolera de 17 años, en 2000. DA
El expediente para la construcción de la planta regasificadora en el puerto de Granadilla, a punto de inaugurarse, se inició hace la friolera de 17 años, en 2000. DA

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no considera conveniente, en estos momentos, autorizar la construcción de la planta de gas natural licuado en el puerto de Granadilla, porque entiende que no hay garantías de su utilidad ni estudios que comprueben su sostenibilidad económica. El organismo emitió el pasado 7 de septiembre un informe, que no es vinculante, y al que ha tenido acceso este periódico, en el que pone objeciones a la viabilidad económica de la planta, que se situará en el puerto de Granadilla.

Sin embargo, pese a las objeciones, el Gobierno canario confía en que el operador del sistema gasista, Enagás, solvente las trabas lo antes posible para que el Ministerio de Energía emita la autorización administrativa que le permitirá iniciar las obras de la planta. Se trata de una pega más a un agónico proceso que se remonta al año 2000 y que hoy, 17 años después, aún sigue parado.

El informe, necesario para que el Gobierno pueda emitir la autorización para comenzar las obras de la planta, no es vinculante, por lo que el Ministerio de Energía podrá, si quiere, emitir la autorización aunque el organismo lo desaconseje.

En concreto, el informe de la CNMC concluye que la autorización para la construcción de la planta regasificadora a efectos de garantizar la viabilidad económica y financiera del sistema gasista, y sin entrar a valorar la oportunidad de sustituir la producción de electricidad con gasoil o fuel oil por gas, debería venir precedida de tres estudios.

En primer lugar, de una actualización del documento de planificación de los sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, recogiendo un análisis de la demanda de gas prevista, las características del mercado y la viabilidad de las inversiones que se han de realizar. En este sentido, señala que, dado el tiempo que ha pasado desde que se planteó el proyecto, los análisis que se hicieron sobre demanda de gas prevista, características del mercado y viabilidad económica de las inversiones se han podido quedar desfasados en relación con las necesidades y planteamientos actuales sobre la energía en las Islas.

En segundo lugar, de un estudio económico que explique las garantías de usos y que compruebe la sostenibilidad económica del sector del gas natural tras la gasificación de las Islas Canarias. Y, en tercer lugar, de un análisis detallado de los servicios adicionales que podría prestar la planta de Granadilla. El organismo señala que el proyecto para la regasificadora esta “incompleto”, pues no está diseñado en su actual configuración para prestar algunos de los servicios previstos en el real decreto 984/2015, como servicios de carga de cisternas, carga de buques, trasvase de gas natural licuado de buque a buque, puesta en frío de buques y bunkering (el abastecimiento de gas natural licuado de buque a buque). Por tanto, la CNMC no considera conveniente autorizar la construcción de la planta hasta que no se disponga de las mencionadas garantías de uso y de los correspondientes estudios económicos que comprueben la sostenibilidad económica del sector del gas natural.

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Uno de los aspectos que más preocupa al organismo es, precisamente, la viabilidad económica de la planta. Hay que recordar que la inversión prevista por Enagás es de unos 276 millones de euros, y es por ello que Competencia pone tanto énfasis en que esta sea viable. Señala el informe que la propuesta de resolución de autorización de la plata “no indica la existencia de garantías firmes de uso a largo plazo por parte de Unelco en la Isla, principal destinatario del gas natural licuado regasificado, ni tampoco incluye un estudio que indique la viabilidad económica de la inversión que comporta la construcción de la planta”.

A modo de ejemplo, el informe recuerda el caso de la planta hibernada de El Musel (Gijón), que una vez construida, y a pesar de no disponer de acta de puesta en servicio, está suponiendo un coste para el sistema gasista. Por ello, el organismo considera que es necesario que Enagás acredite que existe demanda para la instalación de la planta que permita garantizar los suficientes ingresos para cubrir costes.

En caso de que no se acreditase suficiente demanda para la instalación de la planta, el organismo plantea tres soluciones: que el riesgo de la inversión lo asuma el promotor, esto es, a cargo de quien justificó los costes; que los consumidores para los que se construye la planta, el sector eléctrico en este caso, establezcan las garantías suficientes de la sostenibilidad de la planta; y, en tercer lugar, desarrollar un tratamiento singular previsto en el artículo 60 de la ley 34/1998 para el territorio de Canarias.
Sin embargo, esto no va a ocurrir porque los principales agentes implicados en el proceso: empresarios, Gobierno de Canarias y Autoridad Portuaria de Santa Cruz, garantizan la viabilidad del proyecto.

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Y es que el proceso para la obtención de autorización administrativa del proyecto de la regasificadora de Granadilla se remonta a julio de 2000, cuando Gascan presentó el primer escrito de petición, aunque el proyecto desde entonces ha sufrido numerosos retrasos por su posible impacto ambiental. Las dimensiones del puerto y de la disposición de la planta tuvieron que ser redefinidas, al ser cuestionado el proyecto portuario ante la Comisión Europea por posibles afecciones ambientales derivadas de su tamaño.

El febrero de 2015, Enagás aseguraba que las obras comenzarían en el segundo semestre de 2015, pero una sentencia del TSJM suspendió la construcción por la falta de un estudio de impacto ambiental. En julio de 2016 el proyecto de la planta de regasificación obtuvo la declaración de impacto ambiental y en enero de 2017 el operador solicitó la autorización administrativa.

Un proyecto que se remonta al año 2000 y del que Gran Canaria se apeó

En el transcurso de la tramitación de la iniciativa, Enagás compró en febrero de 2015 la totalidad del capital social de Gascan, propietaria de dos proyectos de regasificadoras en el Archipiélago: el de Arinaga (Gran Canaria) y el de Granadilla de Abona (Tenerife). En todo este proceso, Arinaga se quedó en el camino, ya que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha liderado en los últimos años una campaña para que esta instalación no llegue a la Isla, argumentado, grosso modo, lo mismo que la CNMC. Y es que ahora “no existe sostenibilidad económica para una planta de esta capacidad en las Islas”. Ayer acogió de buen grado el informe del organismo que confirma su tesis.

Consulte aquí el Acuerdo de la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aquí.

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