Más de 160 palmeros desempleados, sin ningún tipo de recurso económico reglado, todos ellos mayores de 40 años y en riesgo de exclusión social, han rechazado acceder a un contrato de trabajo por un período de nueve meses con la administración pública y a cambio de un sueldo neto de 1.000 euros.
Los datos los facilitó ayer el propio presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, en el transcurso de una sesión plenaria en la que el Partido Popular había solicitado las explicaciones de la consejera insular de Empleo, la nacionalista Tatiana Rodríguez, tras expresar públicamente su preocupación por la realidad que revelan estos datos: la existencia de una economía sumergida en la que concurre no solo la actitud del trabajador que renuncia a sus derechos, sino del empresario que promueve y potencia esa actitud.
Ninguno de los grupos políticos con presencia en el Cabildo señaló culpables de esta situación, pero sí lamentaron un escenario en el que el Partido Popular, a través de su portavoz María de Haro, responsabiliza de forma clara de una acción ineficaz del Cabildo, que debe ser garante, dijo, de que se cubra la oferta de empleo convocada por el Servicio Canario de Empleo mejorando la petición del perfil concreto para cubrir la oferta.
La consejera responsable del área en la institución insular, Tatiana Rodríguez, explicó que “la economía sumergida es una verdad incómoda pero es una realidad de la que tenemos que hablar”. “Soy consciente de que tenemos un número importante de parados en la Isla -agregó la consejera nacionalista- no solo por se concejal de Asuntos Sociales en Tazacorte, sino por haber estado parada pese a tener formació y experiencia, pero nos ha sorprendido que personas que no tienen ningún tipo de recurso, haya rechazado estas ofertas de empleo”.
El presidente del Cabildo, por su parte, invitó a “que cada uno saque las conclusiones que crea convenientes en base a estos datos”. En ese balance, desde las organizaciones sindicales en La Palma ya se ha advertido en varias ocasiones de la inconveniencia de advertir a los empresarios, días antes de la visita de los inspectos de trabajo, de este procedimiento. Aseguran que ese aviso no tiene sentido si el fin último de la inspección es captar el fraude y hacer cumplir las normas, sancionando a quienes optan por ahorrarse costes laborales y posicionarse en el mercado laboral sin cumplir sus obligaciones y creando una competencia desleal.
El Plan de Inspección Laboral del último trimestre de este año, que prevé realizar inspecciones en La Palma para vigilar la temporalidad y el uso fraudulento de la contratación a tiempo parcial y la economía sumergida, ha provocado que varias empresas palmeras reciban una llamada telefónica para anunciar estas visitas, un procedimiento que invita a facilitar y a ocultar prácticas abusivas.
El PP logra, tras meses de peticiones, explicaciones sobre el Fdcan
El próximo lunes, el presidente del Cabildo y parte de su grupo de Gobierno, se sentarán a la mesa con los grupos en la oposición, Daylos González, del Grupo Mixto, y los consejeros del Partido Popular, para informar con todo lujo de detalles acerca los proyectos que, en tres frentes de inversión, se realizarán con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).
La reunión, solicitada por la oposición desde hace meses y en reiteradas ocasiones, se llevará a cabo toda vez que la pasada semana, Pestana y los suyos revisaron con los 14 alcaldes de la Isla, los proyectos que sí se podrán financiar con cargo al Fdcan para invertir los 33,2 millones de euros de las anualidades 2016 y 2017. Así, se pospondrá la ejecución de aquellos que requieren de modificaciones en los planes generales de ordenación, o los que necesitan mayor tiempo de negociación para la adquisición de terrenos y la apertura de expedientes de expropiación, ya sea forzosa o negociada. María de Haro, portavoz del PP, recordó que la actitud del grupo de Gobierno en este proceso ha generado, desde el pasado año, el malestar de los ayuntamientos.
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