La semana trágica

Durante las semanas anteriores al temido 1 de octubre, Mariano Rajoy y su Gobierno nos estuvieron asegurando reiteradamente a los ciudadanos que el referéndum anunciado no se iba a celebrar, porque el Ejecutivo disponía de medios y recursos legales y materiales de todo tipo para impedirlo. Y esas manifestaciones se hacían detrás del parapeto del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial a golpe de resoluciones judiciales, con unos efectos similares al tantas veces citado artículo 155, que se evitaba utilizar. Y se evitaba utilizar, entre otros motivos, por la negativa socialista a apoyar tal decisión, como si el artículo no formara parte del texto constitucional. Pues bien, así se adoptaron medidas informáticas de continuo cierre de páginas, y se requisaron papeletas y numeroso material impreso electoral, aunque se fracasó en la búsqueda de las urnas y del censo, obtenido mediante la vulneración de la protección legal de datos.

Las afirmaciones del Gobierno tenían dos posibles interpretaciones. Una primera muy obvia, de que cualquier votación que tuviera lugar no sería un referéndum, dada la inexistencia de Administración electoral -dimitida- y de la menor garantía procedimental democrática. La segunda interpretación era que no se celebraría votación alguna porque los lugares de votación -supuestos colegios electorales- estarían clausurados, y no habría urnas, ni censo ni papeletas. Y esta segunda interpretación era la que insinuaban constantemente Rajoy, su Gobierno y su partido.

Sin embargo, a pesar de las seguridades del Gobierno y del Partido Popular, la votación se celebró masivamente en más de dos mil supuestos colegios. Es verdad que sin validez jurídica ni política, pero se celebró. El Gobierno fue derrotado por el independentismo, y para rematar su derrota -y su torpeza- no se le ocurrió otra cosa que, ante la traición de los mossos, enviar a las fuerzas de seguridad a enfrentarse con multitudes fanatizadas muy superiores en número y que resultaba imposible controlar. Todo para conseguir cerrar unos noventa lugares de votación de un total de más de dos mil. Un grave error que proporcionó las escenas violentas que los independentistas estaban buscando, y que lesionó gravemente la imagen internacional de España. Se nos dirá que fueron órdenes judiciales, pero creo que podemos convenir en que fueron órdenes de un Gobierno tan torpe y pusilánime como su presidente. No en vano, a la vista de lo que estaba ocurriendo, a partir del mediodía se dieron instrucciones de paralizar los intentos de cierre de colegios.

El Gobierno y su presidente han fracasado porque han minusvalorado la penetración social del independentismo catalán, los cientos de miles de ciudadanos fanatizados y dispuestos a protagonizar una desobediencia civil masiva con todas sus consecuencias. Han ignorado que, con un motivo o con otro, cada siglo la sociedad catalana es protagonista de una semana trágica.