El largo desalojo de Bajo la Cuesta

El viernes, día 27, se cumplirá un año del desalojo de Bajo la Cuesta decretado por el Ayuntamiento de Candelaria atendiendo a unos informes que desde el año 2010 recogen serios riesgos de desprendimientos en la zona, aunque desde entonces solo cayó, hace siete años, la piedra que motivó dichos informes.

Un año después del desalojo, las posibilidades de que el centenar de vecinos puedan regresar a sus casas es aun incierta, pese a que los trabajadores de la empresa Vertical, contratados por Endesa, propietaria de la primera parte del talud, reconocen que “nos han dado prisas para acabar el trabajo este mes”, de tal guisa que incluso trabajan los sábados. Así y todo, después del despliegue de cemento proyectado y mallas de triple torsión, quedará la recepción de la misma, antes de que la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, pueda levantar el decreto de desalojo y permita el regreso a las casas que van desde el número 1 al 33 (14 parcelas y 12 viviendas), las que se encuentran debajo del talud propiedad de Endesa, que asumió las obras a final de año, aunque las empezó mucho más tarde, después del retraso de la autorización de Costas para actuar en el dominio público marítimo terrestre. Se estableció un período de tres meses para realizar los trabajos, superado ampliamente, con un coste inicial de 230.848.31 euros, además de los 25.000 euros que pagaría la empresa a los vecinos desalojados de su terreno, algo que se pasó de largo en el decreto de Alcaldía, que finalmente tuvo que hacer frente al pago de alquileres a once familias que demostraron tener en Bajo la Cuesta su única residencia, tras ser alojados algunas semanas en el hotel Punta del Rey.

Desde aquel 27 de octubre, cuando amanecía en Bajo la Cuesta, que revivió por momentos lo sucedido años atrás con Cho Vito, los vecinos comenzaron a movilizarse, con pitadas a diario frente del Ayuntamiento, con presencia en casi todos los plenos con sus camisetas naranjas con el lema Bajo la Cuesta vive y acampando en el llano de entrada al barrio clausurado, justo a los pies de la central térmica de Endesa. Una acampada que hoy se ha convertido, un año después, en un auténtico campamento, con la sustitución de las débiles casetas de montaña por una especie de barracones con estructuras de metal, recubiertos de madera y cartón, gracias al ingenio de Alejandro, que ha puesto sus conocimientos militares al servicio de la causa. Cinco familias duermen casi a diario en el campamento, aunque los otros vecinos, con otras residencias, les visitan los fines de semana y se mantienen como una piña, pese a alguna “recogida de vela” de significados miembros del colectivo que han abandonado la reivindicaciones.

Ramón Loureiro y su mujer son los más veteranos en el campamento, pues llevan allí casi desde el mismo día que fueron desalojados.: “No nos dieron ayudas al alquiler -dice Ramón- porque tengo una casa en Ourense, como para ir y venir a trabajar, o mi hijo ir al instituto”. El grupo de gobierno trató de ayudarme, pero el estricto secretario municipal impuso su dictamen: con otra casa, aunque sea lejos de aquí, no puedes recibir ninguna ayuda pública.

El colectivo de vecinos está dirigido ahora por María Candelaria Quijano Trujillo, que reconoce que “yo soy de las que tenía otra residencia, pero todos somos iguales en la lucha por Bajo la Cuesta, ha habido deserciones, pero seguimos unidos”, recordando que siguen teniendo al valenciano José Ortega como su abogado, “y seguiremos con él por mucho tiempo”.

Quijano Trujillo está esperanzada en que antes de final de año puedan entrar los vecinos del talud de Endesa, porque “nos gustaría verles ahí, aunque nosotros tengamos que seguir esperando por la parte de Dani Ran. Deberían regresar porque el barrio está que da penita verlo”, para añadir que “tuvimos una reunión con el Ayuntamiento en julio y nos dijeron que en septiembre u octubre podrían regresar los primeros vecinos”, admitiendo que “desde que soy presidenta no nos hemos reunido con ellos; le mandamos por registro la nueva asociación, pero ellos no se han dado por enterados”.

Desde el Ayuntamiento de Candelaria se comunica que está a la espera de que Endesa finalice las obras en la parte que es de su propiedad y en la de dominio público. A este respecto, en los próximos días se mantendrán reuniones con Endesa para conocer el estado en el que se encuentran los trabajos, sin aventurarse a dar una fecha del posible regreso de los vecinos a sus casas, aunque se les convocará a la comisión creada con todos los grupos políticos municipales.

Por otra parte, el 5 de octubre finalizó el plazo para que la empresa Dani Ran realizara el ingreso del importe de la ejecución de las obras de estabilización del talud correspondiente a su parcela; al no realizar el pago, el Ayuntamiento remitirá la deuda al Consorcio para su cobro vía ejecutiva, aunque lo más probable es que se vea obligado a la ejecución subsidaria, más de un millón de euros si sumamos la parte de Costas.

MARÍA CANDELARIA QUIJADA, NUEVA PRESIDENTA DEL COLECTIVO VECINAL

María Candelaria Quijada Trujillo es la nueva presidenta de la asociación de vecinos de Bajo la Cuesta, tras sustituir a Antonio Oliva. Llegó al barrio tras casarse con un vecino que tenía ahí su segunda residencia. Anuncia que el próximo viernes, día 27, a las 17.30 horas, habrá una gran cacerolada desde la Basílica hasta el Ayuntamiento.

BRITO: “EL DESALOJO HA SIDO LA SITUACIÓN MÁS DIFÍCIL CON LA QUE ME HE ENCONTRADO”

“El desalojo ha sido la situación más difícil con la que me he encontrado en estos años de Gobierno; a nadie le gusta tener que desalojar a unos vecinos de sus viviendas, pero era necesario, ¿qué hubiese pasado si se produce un desprendimiento como el que ha ocurrido esta semana en Güímar y hubiésemos tenido que lamentar una desgracia?”, afirma Mari Brito, alcaldesa de Candelaria.

Brito añade que “desde luego, nos hubiese gustado que las obras y los trámites administrativos hubiesen sido más rápidos, pero nos hemos encontrado una serie de dificultades que no nos han permitido avanzar de otra manera; la seguridad de los vecinos ha sido nuestra prioridad en todo momento”, resalta la alcaldesa, quien recuerda que los informes técnicos recogían el grave peligro de desprendimiento que corre el talud de Bajo La Cuesta, “lo que nos llevó a actuar con responsabilidad siguiendo los criterios jurídicos, aspecto que fue respaldado por el Juzgado que autorizó el desalojo del 27 de octubre de 2016”.

Brito relata que desde entonces “hemos mantenido encuentros con la Dirección General de Costas, Cabildo y Gobierno de Canarias; en este último caso nos hemos reunido en dos ocasiones con Pablo Rodríguez, vicepresidente del Ejecutivo y consejero de Obras Públicas, a quien nos remitió el presidente Fernando Clavijo, para tratar de buscar financiación para la parte de la obra que falta, cuestión en la que no hemos avanzado, después de que el Cabildo nos remitiera al Gobierno de Canarias”.

A día de hoy los vecinos que tenían su única vivienda en Bajo La Cuesta y que aceptaron las ayudas, siguen alojados en alquiler que abona el Ayuntamiento, al igual que la seguridad privada que se mantiene en el barrio todos los días.