En marcha un ‘zafarrancho’ para retirar los vehículos abandonados

En los últimos meses, el municipio de Candelaria se ha convertido, casi de la noche a la mañana, en una especie de cementerio de vehículos, sin propietarios aparentes, que han sido pasto del desguace en muchos casos.

Las denuncias se han sucedido ante la Policía Local, tanto en la época de Carlos Sabina (CC) como concejal del área como antes del verano, cuando la asumió la propia alcaldesa, Mari Brito, tras romperse el pacto PSOE-CC. La insistencia de los vecinos en reclamar la retirada de esos vehículos y la propia proliferación de casi una treintena de coches desguazados en las calles y carreteras de todo el municipio, ante la vista de todo el mundo, han hecho reaccionar al grupo de gobierno, atendiendo también a la pregunta lanzada por Sí se puede en este sentido, en el último pleno de septiembre, en la que también exigía un depósito de vehículos y un servicio de grúa municipal.

Ayer, desde el Ayuntamiento de Candelaria se comunicó que se está trabajando en la retirada de vehículos abandonados en la vía en los últimos meses, medida que ha comenzado a hacerse efectiva tras realizarse los preceptivos trámites administrativos. Un procedimiento administrativo cuyo primer trámite cosiste en la notificación a los propietarios del vehículo. En caso de no recoger la notificación después de dos intentos, se publica en la sede electrónica del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y se da un plazo de dos meses para la retirada del vehículo. De no producirse la misma, el Consistorio la lleva a cabo.

Hasta hoy, el Ayuntamiento de Candelaria ha publicado dos notificaciones, de fechas 2 de agosto y 2 de octubre, en las que se recogen un total de 28 vehículos que comenzarán a ser retirados por Urbaser una vez terminando el plazo establecido de dos meses, si antes no los han retirado los propietarios. A este respecto, ya se retiraron los vehículos que aparecen recogidos en la publicación del BOE del 2 de agosto.

Cabe recordar que el trámite administrativo recoge un informe de la Policía Local y se incoa de oficio, por denuncia ciudadana o por notificación de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun).