Las envalentonadas autoridades catalanas separatistas se han obstinado en imponer a golpes de la sinrazón el derecho a delinquir, que no existe en ningún ordenamiento jurídico de un Estado democrático del mundo conocido. En España, la historia se repite. Con matices. El 6 de octubre de 1934, Lluís Companys proclamó el “Estado catalán dentro de la república federal española” en el contexto de un movimiento huelguístico de tintes revolucionarios que estalló tras la entrada en el Gobierno, a resultas de las elecciones generales de noviembre de 1933, de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), fundada por José María Gil-Robles.
“Las fuerzas monárquicas y fascistas que de un tiempo a esta parte pretenden traicionar a la república han logrado su objetivo y han asaltado el poder”, profirió Companys. “Los partidos y los hombres que han hecho públicas manifestaciones contra las menguadas libertades de nuestra tierra, y los núcleos políticos que predican constantemente el odio y la guerra a Cataluña constituyen hoy el soporte de las actuales instituciones”.
Antes, aproximadamente a la una y media de la tarde del 14 de abril de 1931, Companys (ERC) se asomó al balcón del Ayuntamiento de Barcelona, en la plaza de San Jaime, para instaurar la república y, una hora después, el líder de Esquerra, Francesc Macià, declaró “L’Estat Català, que amb tota la cordialitat procurarem integrar a la Federació de Repúbliques Ibèriques”. El 17 de ese mes, los ministros del Ejecutivo provisional Marcelino Domingo, Lluís Nicolau d’Olwer y Fernando de los Ríos pactaron con Macià la renuncia a la “república catalana” a cambio de tramitar en las Cortes constituyentes un Estatuto y recuperar la denominación de Generalidad, institución abolida por Felipe V en los decretos de nueva planta de 1714. Con una fuerte contestación callejera alentada desde sectores del Parlamento nacional, no fue sencillo encajar el proyecto en la Constitución. El documento suprimió finalmente los párrafos de inspiración soberanista y federalista. Fue aprobado el 9 de septiembre de 1932 (314 votos a favor y 24 en contra). Pero solo era la calma que precedió a la tormenta. El boletín oficial publicó el 7 de octubre de 1934 la orden del Consejo de Ministros por la que se decretó el estado de guerra en todo el país. “En Cataluña”, expuso Alejandro Lerroux (PRR), “el presidente de la Generalidad, con olvido de todos los deberes que le impone su cargo, su honor y su responsabilidad, se ha permitido proclamar el Estat Catalá”. El texto lo rubrica Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la república. Los cabecillas de la rebelión acabaron entre rejas y con peor suerte, algunos, en el franquismo. Aquella mañana, las tropas irrumpieron en el palacio de la Generalidad y apresaron a Companys, sus consejeros y a los diputados Josep Tarradellas, Antoni Xirau, Joan Casanellas, Estanislau Ruiz, y Joan Casanovas, presidente de la Cámara legislativa. Luego detuvieron en el Ayuntamiento al alcalde, Carles Pi i Sunyer, y a los demás concejales de ERC. Los trasladaron al buque Uruguay, reconvertido en prisión. A Enric Pérez i Farrás, antecesor de Josep Lluís Trapero en la jefatura de los Mossos -investigado por sedición-, lo dejó en la estacada Josep Dencás, titular del departamento de Gobernación, equiparable al actual consejero del Interior, Joaquim Forn. Escapó por las alcantarillas.
Al igual que ahora, la burguesía irredenta (posteriormente enriquecida, una buena parte, al socaire del franquismo) utilizó a las organizaciones obreras como estiletes, escudos humanos y, entonces, como carne de cañón. En la sublevación perdieron la vida 46 personas: 38 civiles y 8 militares. La autonomía quedó suspendida indefinidamente por una ley promulgada en diciembre del 34.
En el presente, son varios preceptos de la Carta Magna los que han sido burlados. Para estos supuestos se dotó del artículo 155, que implica, previo requerimiento a Carles Puigdemont y el aval de la mayoría absoluta del Senado, la “adopción de las medidas necesarias” para obligar a la Administración de la Comunidad Autónoma al “cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para la protección del interés general”. La Ley de Seguridad nacional (por un real decreto) y el estado de emergencia (previsto para plagas y catástrofes naturales) son otros resortes en manos de Mariano Rajoy. Un recorrido diferente lo proporciona la vía judicial. Artur Mas tiene el dudoso honor de ser el primer presidente autonómico condenado por desobedecer una resolución de los tribunales. El Superior de Cataluña (TSJC) lo castigó a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por organizar la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014. “Pervirtió los principios democráticos” junto a la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau. Se les absolvió del delito de prevaricación. El Código Penal sanciona la rebelión (“alzarse violenta y públicamente para declarar la independencia de una parte del territorio nacional”) con penas para los jefes de 15 a 25 años de prisión; para un mando subalterno, de 10 a 15, y la mera participación, con entre 5 y 10 años de reclusión. La sedición (“tumultos públicos sin violencia”) les cuesta a los cargos que “la induzcan, sostengan o dirijan” de 10 a 15 años de talego.
Además, el artículo 92.4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional capacita a este órgano a actuar directamente e inhabilitar a los agentes públicos que desatiendan sus decisiones.
Los secesionistas de Cataluña han querido ampararse en ejemplos de precaria similitud y reputación. Sin embargo, el proceder más parecido no es precisamente modélico. En Kosovo, la cuna de la nación serbia, los albaneses eran una minoría, hasta que devinieron en mayoría y, no sin derramamiento de sangre, el Parlamento proclamó en 2008 la independencia unilateral. Esta situación dividió a la comunidad internacional, en la que predomina el no reconocimiento del estatus. Actualmente, Kosovo es una roca en el camino de Serbia hacia su ingreso en la Unión Europea. La ley del referéndum de autodeterminación de Cataluña insinúa la semejanza al aludir a “dictámenes recientes” del Tribunal Internacional de Justicia (La Haya) para justificar la validación de ese ejercicio en circunstancias extrañas a la “opresión colonial o dictatorial extranjera”. Pero ese texto anulado por el Tribunal Constitucional obvia la liberación de Kosovo por la KFOR (vinculada a la OTAN) y que el territorio estuvo entre 1999 y 2008 bajo la tutela de la ONU.
En 2014, la república autónoma de Crimea convocó un referendo para separarse de Ucrania y reintegrarse en Rusia, que utilizó Kosovo como precedente. Paralelamente, la ciudad autónoma de Sebastopol aprobó su reincorporación a la federación.
La provincia de Quebec recibió en 2006 el reconocimiento de “nación dentro de Canadá”. En 1980 se celebró el primer referéndum pactado, que arrojó un 40,5% a favor del sí. Hubo otro en 1995. El apoyo ascendió al 49,6%, insuficiente. Los promotores de la iniciativa dimitieron. En las elecciones regionales de 2012, el independentista Partido Quebequés ganó la mayoría de los escaños de la Asamblea y Pauline Marois formó un Gobierno minoritario. Las legislativas de 2014 desbarataron el plan de ir a un tercer intento, porque el federalista Partido Liberal de Quebec (PLQ) se hizo con la mayoría absoluta. Los escoceses votaron el 18 de septiembre de ese año por la permanencia en el Reino Unido, una entidad creada en 1707 mediante la convergencia de Escocia con Inglaterra. Por el acuerdo de Edimburgo, de octubre de 2012, David Cameron cedió provisionalmente a Escocia la competencia sobre el referéndum. Esta era la pregunta: “¿Debería Escocia ser un país independiente?”. Con una participación del 84,6%, el no superó el 55,3 % de los sufragios y el sí contabilizó el 44,7%.
En 1975, a los dos años de la adhesión, los británicos expresaron en las urnas una opinión revertida el 23 de junio de 2016 con el puntapié del brexit. El escrutinio escoció en Escocia, el Ulster y Gibraltar, donde se tiran de los pelos y se sitúan en una posición fronteriza.
Aun sin una notable presencia catalana, Groenlandia ha sido definida como la capital del suicidio. Cubierta de hielo en alrededor del 80% de su superficie, esta isla (Tierra verde, en danés) localizada entre los océanos Atlántico y Glacial Ártico conforma una región autónoma del reino de Dinamarca (mancomunidad de la Corona). Últimamente es noticia porque sus deltas crecen por el calentamiento global y porque, en enero de 2017, el presidente, el socialdemócrata Kim Kielsen, señaló el sendero hacia la independencia; sin una fecha en el horizonte. El Estatuto de 2008 resguarda el derecho de autodeterminación.
El espejo bávaro se rompió cuando el Tribunal Constitucional empañó, en diciembre de 2016, las ansias de un partido residual de drenar el pantano sin consultar a las ranas. “La soberanía recae en el pueblo alemán”, dictaminó el garante de la Ley Fundamental de la RFA.
Los desajustes en la estructura neuronal alteran el sistema nervioso de la UE. Lo que le sucediera a un miembro concierne al cuerpo entero. La presión arterial elevada barrunta una hemorragia cerebral.
Piqué no votó con Franco porque no había nacido
Gerard Piqué, central del Barça y de la selección, se lamentó entre sollozos de que con Franco no podía votar. Más que nada, porque no había nacido. De cualquier manera, se equivoca. La preconstitucional ley de referéndum se aplicó tres veces y en ocasiones había más sufragios afirmativos que individuos censados.
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