Rotos los puentes del diálogo, el desenlace no puede ser feliz

El desenlace no puede ser feliz porque, rotos los puentes para el diálogo, es imposible que todos salgan satisfechos. La creciente crispación que envuelve desde hace días al reto secesionista catalán continuó ayer en su línea con el sonado cruce de manifestaciones públicas protagonizado por el presidente del Govern, Carles Puigdemont, y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Mientras el catalán cargó contra el rey Felipe VI a cuenta de su mensaje a la nación del pasado martes (“Así no”, le dijo al monarca), la dirigente estatal acusó al independentista de “vivir fuera de la ley” y de “provocar la mayor fractura en la sociedad catalana”. Con semejante escenario, es natural que los intentos de mediación protagonizados por el Vaticano y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se estrellaran contra un muro. El primero es a iniciativa del papa Francisco, que envió a los arzobispos de Madrid y Barcelona (nombrados por el pontífice argentino como cardenales electores, lo que da idea de su confianza en ambos) para que celebrasen sendas entrevistas con el presidente español, Mariano Rajoy, y el vicepresidente autonómico catalán, Oriol Junqueras. Ambos fueron recibidos, pero no hay noticias de avance alguno. A Iglesias le fue peor, por cuanto Rajoy rechazó su invitación, ya que considera que no puede negociar con quien “no respeta las leyes”, en referencia a Puigdemont. El choque de trenes se espera para el próximo lunes, día en el que se estima que se producirá la declaración unilateral de independencia. La respuesta estatal ya no se limita únicamente al conocido artículo 155 de la Constitución. DIARIO DE AVISOS desvela hoy, a través de uno de sus ponentes parlamentarios, José Segura, la posible aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Esta norma, aprobada hace dos años, tiene la ventaja (desde la perspectiva del Estado) de que no requiere tramitación parlamentaria, como sí ocurre con el 155. Mientras tanto, Europa deja claro que está con el Gobierno de España. Así se postularon el Parlamento y la Comisión, donde se consideró proporcional el uso de la fuerza en los incidentes del 1-O.