El consejero insular de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena, ha descartado este jueves presentar su dimisión a raíz del cierre de la piscifactoría de Aguamansa, si bien ha reconocido la existencia de “deficiencias documentales” en la gestión de las instalaciones.
En declaraciones a los periodistas, ha comentado que el auto judicial en el que se investiga a la corporación y a tres funcionarios no les “coge de sorpresa” pues sigue la tramitación habitual desde que el Seprona presenta una denuncia.
Por ello, ha comentado que en este momento “manda la prudencia” y no se pueden hacer pronunciamientos sobre el contenido del auto, más allá de mostrar su “máxima confianza” en los tres funcionarios investigados, que han realizado un gran trabajo para la isla, y ofrecer “aclaraciones e informaciones” a la autoridad judicial.
Valbuena ha vuelto a “garantizar” la salud de los ciudadanos en la zona del área metropolitana que pudiera estar afectada por la contaminación de agua del Canal del Norte –no constan daños ni muertes en más de 40 años– y ha precisado que la piscifactoría se daba de alta anualmente en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias. “Hay otras preguntas que deben contestar otras entidades”, ha comentado.
El consejero ha comentado que la piscifactoría es una “instalación histórica”, con más de 40 años funcionando en las mismas condiciones y por la que han pasado “responsables de todas las fuerzas políticas”, desde la época del Icona, con Isidoro Sánchez (CC), hasta el PP, bajo la tutela de Manuel Torres como viceconsejero del Gobierno de Canarias.
Sobre la venta de truchas, ha comentado que la autorización para su comercialización depende de la Consejería de Agricultura, Pesca y Aguas del Gobierno regional, por lo que “hay preguntas que deben contestar ellos”.
Además, ha confirmado que cuando había excedentes se cedían a centros sociales a modo de beneficencia, pero siempre pasada y la cuarentena y cuando no se habían suministrado medicamentos.
SE SIENTE “RESPALDADO” POR ALONSO Y ABREU
Asimismo, ha dicho que el complejo “no compraba agua”, sino que se la cedían propietarios del canal con la condición de que se le devolviese, y posteriormente la comunidad la comercializaba, en principio no para uso humano, “pero deben contestar en calidad de qué la comercializaban”.
Valbuena ha incidido en que cada año, la piscifactoría se daba de alta ante el Gobierno de Canarias y los técnicos entendían que se cumplía con los requisitos. “Habrá que ver a quienes son imputables estos errores administrativos, nosotros detectamos las deficiencias a raíz de la inspección”, ha apuntado.
En clave política, ha apuntado que se siente “respaldado” tanto por el presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC), como por el vicepresidente, Aurelio Abreu (PSOE), y ha pedido a la oposición que se informe más y no pedir ceses. “Son de gatillo fácil, yo no pedía la dimisión con esa ligereza cuando estaba en la oposición”, ha destacado.
En esa línea, ha criticado al PP por “montar” una película con este caso que sigue la estela de su forma de hacer oposición en la corporación, “montar cuentos de la nada, castillos de arena en los que no hay sustancia”.
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