escándalo en la laguna u la vertiente política del caso grúas

Hasta 14 documentos oficiales prueban que Clavijo y Díaz conocían los graves incumplimientos en el servicio de grúas

El hoy presidente autonómico, Fernando Clavijo, durante su etapa como alcalde de La Laguna. SERGIO MÉNDEZ

Hasta 14 documentos distintos, todos ellos con sello del Ayuntamiento de La Laguna, prueban que el entonces alcalde y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y su sucesor en el cargo, José Alberto Díaz, conocían sobradamente que la concesionaria del servicio municipal de grúas incumplía gravemente el contrato que le ligaba con el Consistorio. Sin embargo, ni Clavijo ni Díaz actuaron conforme a lo previsto en los pliegos de dicho acuerdo o, en todo caso, en lo dispuesto por el Reglamento de Servicios de Bienes Locales.

Es más, no solo no rescindieron el contrato automáticamente (como les obligaba la normativa vigente), sino que anticiparon 120.000 euros a la empresa y le concedieron una prórroga de cinco años que no estaba prevista. Entre esos 14 documentos se encuentran los reparos elevados desde la Intervención Municipal por una presunta ilegalidad que, indiciariamente, también fue apreciada por parte de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en un auto fechado el pasado 18 de octubre. Como ya denunció DIARIO DE AVISOS, la etapa de Clavijo y Díaz en el Ayuntamiento de La Laguna ha convertido en habitual lo que está previsto como excepcional: el levantamiento de reparos de la Intervención.

Los escritos

Además de los referidos reparos del interventor lagunero al crédito de 120.000 euros y la imprevista prórroga, que tuvieron lugar en los meses de marzo y abril de 2014, el resto de documentos que prueban sobradamente lo informados que estaban Clavijo y Díaz de las irregularidades conforman una docena de denuncias presentadas ante el Ayuntamiento por parte de trabajadores de la propia concesionaria, sus representantes legales y responsables sindicales, fundamentalmente de Comisiones Obreras.
Todas estas denuncias, que obran en poder de DIARIO DE AVISOS, cuenta con el sello de entrada en el registro del Consistorio lagunero.

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La primera fue presentada el 18 de diciembre de 2012 ante el Área de Seguridad Ciudadana, a cuyo frente estaba el hoy alcalde, José Alberto Díaz. En la misma, siete trabajadores de la empresa de grúas informaron del presunto saqueo de piezas en vehículos retirados por las grúas y custodiados por el Ayuntamiento, hoy bajo investigación judicial.

En febrero de 2013, otro escrito dirigido al alcalde Clavijo por la abogada de esos trabajadores denuncia los impagos de nóminas por parte de la concesionaria y lo irregular del traspaso de la empresa, que en 2011 pasó a manos de siete empresarios cuyas “vinculaciones personales” con el propio Clavijo se citan, siempre indiciariamente, en el referido auto de la Audiencia. Ese mismo mes hay otra denuncia, esta del delegado sindical de CC.OO. sobre el mal estado de las grúas. Ya en abril del mismo año, de nuevo CC.OO. reclama las nóminas sin pagar en varios escritos, primero a Díaz y luego a Clavijo. A estos les siguen dos más ese mismo mes, ya con referencia directa al entonces alcalde Clavijo, al que se informa sobre el mal estado de las grúas y otras carencias de material, temas que centran otras tres denuncias. En diciembre de 2013, un nuevo documento dirigido a Clavijo y Díaz clama ante los embargos a la concesionaria por parte de Hacienda y de la Seguridad Social.

Prorrogaron en dos años contratos ya vencidos por 18 millones

El Ayuntamiento de La Laguna concedió entre 2015 y 2016 prórrogas o autorizaciones de continuidad por cerca de 18 millones de euros para mantener contratos ya extinguidos de servicios municipales, según informa Canarias Ahora.com. A través de decretos, el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y su sucesor en la Corporación local, José Alberto Díaz, se saltaron por sistema durante esos dos años los reparos planteados por el interventor, funcionario con habilitación nacional encargado de velar por la legalidad de todas las actuaciones de la administración con repercusión económica, que advertían del incumplimiento de los propios pliegos y de la Ley de Contratos del Sector Público. Hace dos semanas, Fernando Clavijo defendió en Radio Nacional de España que se trataba de actuaciones ajustadas a derecho y que el interventor “no era garante de la legalidad”.

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