Alarma en el sector de la construcción por la falta de áridos

Canarias es, actualmente, la envidia del resto de comunidades autónomas, porque ha conseguido importantes partidas presupuestarias para la ejecución de obra pública. Sin embargo, estas obras pueden paralizarse, dado que nadie se ha preocupado de que tengan material, por ejemplo, áridos. La desidia de las administraciones para buscar una solución a este problema ha llevado a Tenerife a una situación “terminal” que puede desembocar en la paradoja de que con elevadas expectativas de obra pública y privada estas no se puedan realizar porque hay desabastecimiento de áridos.

DIARIO DE AVISOS publicó ayer una entrevista con el director general de la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Anefa), César Luaces, en la que alertaba de la situación dramática que vive Canarias por la escasez de esta materia prima, y concretamente Tenerife, a la que le quedan, como máximo, “tres meses” de suministros de áridos.

Luaces, que vino a la Isla para reunirse con los empresarios del sector, asegura que se ha llegado a esta situación por una “falta de planificación” por parte de las administraciones para establecer un marco que garantice seguridad jurídica a los empresarios a la hora de presentar proyectos de extracción. “Actualmente no hay en Tenerife ni un solo proyecto presentado cuando, precisamente, por la falta de áridos debería haber cola. Esto se debe a que un proyecto de este tipo tarde casi 10 años en autorizarse y eso es insostenible para un empresario”, explicó Luaces. Los áridos son la segunda materia prima más consumida después del agua, razón de más para que las administraciones (ayuntamientos, Cabildo y Gobierno) se alineen y creen un marco jurídico estable y un plan estratégico similar, por ejemplo, al plan energético, estableciendo una proyección del consumo de áridos para los próximos 10 años en función de las obras previstas, y acelerando las concesiones para que las empresas vengan a extraer, siempre de manera sostenible y ordenada, y de acuerdo a la reglamentación vigente. “Esto no se ha hecho”, prosiguió, “a pesar de que lo llevamos diciendo 20 años, y se nos ha ignorado; ahora tenemos el problema encima”.

Pero señalado el problema, ¿cuál es la solución? A bote pronto, uno puede pensar que la opción a corto plazo y de manera excepcional podría estar en la importación de áridos, por ejemplo de África. Pero esto es inviable. “Una auténtica aberración” si tomamos las palabras literales de Luaces. El empresario explica que, efectivamente, en este caso los materiales serían de calidad y con todas las certificaciones en orden, pero sería infinitamente más caro. Además, habría que acondicionar el puerto de Santa Cruz de Tenerife para recibir a los barcos, y las carreteras para que circulen por el centro de la ciudad miles de camiones diariamente rumbo a las zonas donde están las obras. En Cataluña, hace unos años, aclaró Luaces, se hizo un estudio para comprobar si esta solución era viable y llegaron a la conclusión de que tendrían que duplicar la capacidad de su puerto y de que 530.000 camiones saldrían todos los días del mismo, en dirección a las obras. “Una opción inviable que desecharon rápidamente, porque se estaría trasladando un problema que podría estar controlado en una zona concreta, al centro de la ciudad”, apuntó .

La solución

Para Luaces existe una solución a largo o medio plazo y otra a corto, que habría que abordar ya. La última sería prorrogar aquellos proyectos que existen y que aún tienen vivos los derechos mineros, pero que están ya iniciando la fase de restauración, para que se pueda seguir extrayendo, a través de una tramitación abreviada. Y mientras se hace esto, elaborar un plan estratégico con proyección a 10 años que contenga la previsión de toneladas de áridos que se van a necesitar en función de las obras previstas, y crear las condiciones marco para que los empresarios presenten los proyectos. “Pero para ello se tienen que poner de acuerdo todas las administraciones, como ocurre en todos los lugares del mundo”. Luaces indicó que en Bruselas, ponen a Tenerife “como ejemplo de lo que no se debe hacer”.

Para el responsable de Anefa ha habido “un fuego cruzado entre las administraciones, porque ninguna ha querido tomar decisiones que desagradan y no dan votos, pero que hay que tomar”. “A nadie le gusta tener la cárcel o el PIRS en su municipio”, prosiguió, “pero en algún sitio tendrán que estar, no creo que la solución sea que cada ciudadano aloje a un preso o se trague sus residuos… Las canteras tendrán que estar en algún lugar para que esa extracción sea ordenada y sostenible”.

En Tenerife sólo hay una cantera legal en explotación, en el municipio de Arico, que tiene una previsión de vida de menos de un año, y se encuentra en fase de restauración, por lo que su producción está disminuyendo. Esta única cantera está ya siendo insuficiente para atender la demanda actual. Todos los demás áridos que se están consumiendo en la Isla no tienen un origen legal y carecen del marcado CE obligatorio desde junio de 2004. Por ello, Luaces, señaló que solo las canteras legales realizan la actividad extractiva de forma sostenible con el medio ambiente, minimizando los impactos, restaurando la zona explotada y constituyéndose como una oportunidad para el fomento de la biodiversidad y la economía circular.

Este es, precisamente, uno de los problemas que se deriva de la falta de voluntad política para crear un marco jurídico ordenado y sostenible. Se han ido cerrando explotaciones legales que tenían sus permisos y se han ido sustituyendo por “pica picas ilegales” que no cumplen con la reglamentación vigente. “En la provincia de Santa Cruz de Tenerife”, adelantó Luaces, “hemos denunciado el primer caso de falsificación documental en certificado de calidad”. “Se trata de explotaciones que producen materiales ilegales y que al extraerse en cualquier sitio causan un daño medioambiental muy diseminado, pero que a medio plazo, tenemos a Tenerife como una especie de queso gruyer. Y es muy paradójico”, explicó Luaces, “porque la protección medioambiental de las Islas es muy alto, pero en cambio se mira para otro lado cuando la gente picotea donde no debe”.

Luaces se refirió a lo ocurrido en Güímar y respetando la sentencia sobre un caso juzgado afirmó que en este “los empresarios tuvieron su cuota de responsabilidad, pero también la sentencia señala que hubo dejación por parte de las administraciones, ya que la restauración de la cantera no se produjo, porque los empresarios no quisieran, sino porque se presentó el proyecto en 2003 y no se aprobó”. “Yo me pregunto”, continuó Luaces, “si se dijera que hay agua para tres meses, ¿qué harían los ciudadanos?”.

El responsable de Anefa señaló que la asociación ha presentado 56 denuncias de extracciones ilegales en Tenerife en la Fiscalía de medio ambiente. Todas ellas en el año 2010 y aún no se han resuelto. “La administración mira para otro lado, sin darse cuenta de que esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque, por ejemplo, si una carretera tiene una vida útil de 10 años, al hacerse con este material será de cinco, y al final habrá que estar cinco años gastando dinero en mantener esa carretera. Dinero que se quita de educación o sanidad”. “No queremos ser alarmistas”, precisó, “pero es un tema que hay que empezarse a tomar en serio”.

25% a 75%, ¿boicotear a la economía de Tenerife?

En la provincia tinerfeña hay un 25% de explotaciones de rocas y minerales (no solo áridos); en la de Las Palmas, un 75%. “Es como si alguien, sin motivo aparente, hubiera decidido que hay que boicotear a la economía de Tenerife”.