El caso Grúas, en el que se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias por parte del Gobierno municipal lagunero cuando era alcalde Fernando Clavijo, supuestamente para favorecer a los nuevos propietarios de la adjudicataria de este servicio municipal, ha dado un giro copernicano en las últimas semanas, tras la reapertura ordenada por la Audiencia Provincial. El Juzgado lagunero que instruye esta causa, el Número 2, ha llamado ya a declarar como investigado (imputado) al edil de CC Antonio Pérez Godiño, el 4 de diciembre, y ya han prestado declaración los siete empresarios implicados, cinco de los cuales reconocieron ante la jueza sus vínculos personales con el exalcalde y hoy presidente del Gobierno canario.
También están citados como testigos los técnicos municipales Alejandro Cordero y Antonio Vera, que en su día se hicieron cargo de la empresa cuando Clavijo decidió intervenirla, en vez de rescatar el servicio, a pesar de la acumulación de incumplimientos graves en que incurrió la adjudicataria.
Las miradas están puestas ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), después de que la juez de instrucción elevara el caso a esta instancia, dado que Clavijo está aforado. Su posible imputación daría un nuevo giro a la causa.
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