Hoy arranca en el Juzgado número uno de Los Llanos de Aridane el juicio del llamado caso Los Tarajales, donde el alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez (UB-CC), afronta una acusación de la Fiscalía en la que le solicita una pena de año y medio de prisión y diez de inhabilitación para empleo o cargo público, al autorizar la construcción del edificio Balcón del Puerto en una zona afectada por la Ley de Costas.
Para ello se ha desplazado hasta La Palma el Penal número 7, que tiene previsto que se prolongue el juicio hasta el 8 de noviembre. Así culmina un largo y engorroso procedimiento judicial, que acumula 22 tomos y miles de folios en la fase de instrucción, en el que además del actual alcalde están encausados los exconcejales que formaban parte del equipo de Gobierno bagañete que dio la autorización para la construcción de este inmueble ubicado en el Puerto de Tazacorte: Juan Miguel Rodríguez, Francisco Pérez Acosta, Roberto Pérez Lorenzo y José Martín Castillo, para quienes el Ministerio Público reclama 9 meses de cárcel y 8 años de inhabilitación. Mientras que al arquitecto del Ayuntamiento, Rosendo Luis Brito, le solicitan una pena de un año de cárcel y nueve de inhabilitación. Los presuntos delitos que se imputan son los de prevaricación y contra la ordenación del territorio.
El caso se remonta al año 2005, cuando el grupo de Gobierno municipal autorizó un reformado del proyecto de este edificio y, un año después. en 2006, dio el visto bueno al inicio de las obras, en un suelo que estaba afectado por la Ley de Costas. Es más, con anterioridad a esta decisión municipal, ya existía una sentencia del 1 de diciembre de 2004, de la Audiencia Nacional, donde se estipulaba que la servidumbre de protección era de 100 metros en este emplazamiento.
Los acusados, durante los años que ha durado este proceso, han defendido siempre que actuaron dentro de la legalidad, argumentando fundamentalmente que otorgaron la licencia para la construcción de este edificio acogiéndose al Plan General municipal de 2004, que estaba entonces vigente y que contemplaba este suelo como urbano, sin estar afectado, por tanto, por la servidumbre de protección de los 100 metros del dominio público marítimo terrestre.
Otro de los asuntos que se dirimirá en el juicio es el destino del edificio.El Ministerio Público sostiene que debe ser demolido y el coste debe correr a cargo de los acusados o por el Ayuntamiento de Tazacorte.
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