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El Constitucional admite a trámite el recurso contra la Ley del Suelo

La portavoz de Podemos Canarias, Noemí Santana, durante el reciente pleno parlamentario. ANDRÉS GUTIÉRREZ

El Tribunal Constitucional anunció ayer que ha admitido a trámite el recurso presentado por más de 50 diputados de Podemos en el Congreso contra la nueva Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, de la que se cuestionan 24 de sus 408 artículos y una de sus disposiciones transitorias. Tal admisión a trámite implica que este tribunal estudiará a fondo si la norma se ajusta a lo dispuesto en la Carta Magna, si bien las repercusiones políticas de todo lo que afecte a esta ley autonómica tienen gran relevancia, al tratarse del proyecto estrella de Coalición Canaria (CC) en esta legislatura y una clave fundamental que explica el ascenso de Fernando Clavijo, hoy presidente regional, a la cúspide su formación política.

A este respecto, la portavoz autonómica de Podemos, Noemí Santana, celebró ayer, en una conversación con DIARIO DE AVISOS, “una decisión que supone un varapalo para CC y PP, grandes artífices de esta ley, porque la admisión a trámite demuestra que nuestra denuncia se sustenta en unos argumentos lo suficientemente sólidos como para que el Constitucional los tenga en consideración a la hora de decidir si analiza o no la norma”.

Giro de 180 grados

Santana añadió que “esta aceptación por parte del Tribunal llega justo cuando han intentado confundir a la gente con la reciente decisión de una dirección medioambiental europea sobre la Ley del Suelo, pero ahora el asunto ha dado un giro de 180 grados que nos anima a seguir peleando para tumbar esta normativa tan perjudicial para las Islas”.

La portavoz regional de la formación morada enmarcó la oposición de su partido a la Ley del Suelo en su lucha por evitar “que se perpetúe el modelo de sol, playa y ladrillo que ha hundido a Canarias en el desastre socioeconómico actual”.

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La de Noemí Santana no es la única voz que ha clamado contra la Ley del Suelo. Sin ir más lejos, el portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) en La Laguna y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna, Santiago Pérez, denuncia al respecto que “esta ley está plagada de excepcionalidades que luego políticos como Clavijo convierten en norma, como demuestran las centenares de ocasiones en que levantó los reparos expuestos desde la Intervención municipal ante posibles ilegalidades cuando era alcalde de La Laguna”.

Respecto al anuncio de ayer, hay que detallar que, en consecuencia con el mismo, el Constitucional ha acordado, además, dar traslado del recurso de estos parlamentarios al Congreso, el Senado y el Gobierno, para que presenten en 15 días las alegaciones que estimen oportunas.

La admisión a trámite de esta impugnación de la nueva Ley del Suelo de Canarias “no supone pronunciamiento alguno” por el momento por parte del Constitucional respecto al contenido de los artículos que cuestiona el grupo de Unidos-Podemos, En Comú Podem y En Marea, según precisa el Alto Tribunal en un comunicado.

Dudas

La nueva Ley del Suelo de Canarias introduce cambios en la legislación de la comunidad autónoma que el Gobierno regional asegura que están encaminados a agilizar la gestión en este ámbito, garantizando la protección de los espacios naturales, lo que, como se ha dicho, pone en duda la oposición. Una de las novedades más relevantes de la normativa es la implantación de un modelo de aprobación de los planes generales de urbanismo de una sola fase, en la que deciden los propios ayuntamientos, sin necesidad de obtener el refrendo posterior de un organismo de la comunidad autónoma (hasta ahora, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, la Cotmac).

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En concreto, Podemos cuestiona los artículos que regulan asuntos como las definiciones y los usos del suelo urbano y rústico, la posibilidad de que en estos últimos se construyan instalaciones científicas, la venta de productos en las propias explotaciones agropecuarias o la apertura de establecimientos turísticos en núcleos rurales.

Cesiones

Podemos también impugna cómo deja esta Ley del Suelo la normativa sobre planes insulares de ordenación y la competencia que se concede a los cabildos para elaborarlos y aprobarlos.

También pone en tela de juicio la constitucionalidad de que se atribuya a los cabildos aprobar las normas de ordenación de los espacios protegidos y el régimen de aprobación de los planes territoriales, parciales y especiales en las Islas.

Asimismo, formula objeciones contra la figura de los proyectos de interés insular o autonómico, que pueden llevarse a cabo en cualquier tipo de suelo, contra la regulación de los estudios de detalle o contra el procedimiento para evaluar el impacto ambiental de proyectos que afecten a la Red Natura 2000.

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