Denuncian a Educación por no cumplir la Ley de Riesgo Laboral

Comisiones Obreras (CC.OO.) ha acusado del incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en todos los centros de enseñanza de Canarias a la Consejería regional de Educación, a la que denunció ante la Inspección de Trabajo con el propósito de obligarla a rectificar. Los principales objetivos que persigue el sindicato es que este departamento amplíe, al menos, hasta 15 empleados su plantilla de técnicos en seguridad laboral, que integran actualmente solo tres personas, de las cuales dos han estado en algunos periodos de baja simultáneamente, con lo que solo ha habido una operativa, y que se elaboren las evaluaciones de riesgos y los planes de prevención de todos los centros.

Así lo explicaron representantes del sindicato en dos ruedas de prensa convocadas a la vez en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife para dar a conocer a la ciudadanía el “grave peligro” que consideran que supone el comportamiento del departamento de Educación. Ejemplo de ello es, según expuso Juan Antonio González, como portavoz de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Canarias, la situación de colegios repartidos por todo el Archipiélago que todavía conservan las planchas de uralita instaladas en sus techos hace décadas, pese a que hace años se descubrió que contienen un material tóxico. Aunque en muchos casos se dijo desde la Consejería que se iba a actuar para eliminar ese material nocivo, más de media decena de ellos siguen a la espera de que se retire de sus instalaciones la uralita o se aísle correctamente, en casos en los que se optó por encapsular las planchas al ser más barato.

González sostuvo que ese es solo uno de los peligros que se dan en los centros de enseñanza públicos de las Islas, pero que existen otros, como la carencia de protocolos de evacuación en caso de emergencia fiables.

Ello se debe, de acuerdo a su planteamiento, a que los responsables educativos del Gobierno de Canarias no han impulsado la elaboración de las evaluaciones de riesgos laborales y de los consiguientes planes de prevención. Según CC.OO., se está poniendo en peligro a unos 22.000 docentes.