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Fernando Clavijo, sobre el ‘caso Grúas’: “No pienso dimitir”

Cinco de los siete empresarios implicados en el caso Grúas reconocen ante la jueza vínculos personales con el actual presidente regional, quien insiste en que la investigación judicial donde se le relaciona con hasta tres presuntos delitos de corrupción tiene “intención política”
Imagen del presidente del Gobierno y exalcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, a su entrada en el Parlamento. Andrés Gutiérrez
Imagen del presidente del Gobierno y exalcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, a su entrada en el Parlamento. Andrés Gutiérrez

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, advirtió ayer de que no entra en sus planes dimitir si es llamado a declarar por el caso Grúas, e insistió en que la investigación judicial abierta a cuenta de tres presuntos delitos de corrupción surge de una denuncia “con una clara intención política y no judicial”, que fue archivada y luego reabierta. Tal aseveración del que fuera alcalde de La Laguna no concuerda con lo acaecido en el origen de este caso, ya que las primeras denuncias fueron presentadas por trabajadores de la concesionaria del servicio municipal en cuestión.

Precisamente, cinco de los siete empresarios también encartados por este asunto confirmaron ayer en el juzgado vínculos personales de distinta índole con Clavijo, lo que hasta ahora solo se consideraba como posible en el auto dictado el pasado 18 de octubre por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

La referida proclamación de intenciones por parte de Clavijo se produjo al ser preguntado por los periodistas si piensa renunciar a la Presidencia del Gobierno de Canarias en el caso de que sea declarado como investigado (anteriormente imputado) por determinadas decisiones que adoptó siendo alcalde, especialmente en dos decretos donde aprobó un crédito de 120.000 euros y prorrogó la concesión de grúas a la empresa que entonces controlaban los siete empresarios ya citados.

Aunque el auto de la Audiencia Provincial reclama específicamente a la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna que cite a Clavijo para que declare, el presidente autonómico aseguró ayer que “vamos a ver si me llama o no me llama” a declarar. A posteriori añadió que si finalmente es llamado a declarar, estará “encantado de poder hablar, porque nunca he ocultado nada”.

Agregó Clavijo que su actuación, ahora bajo investigación judicial, fue correcta, y que así lo habían avalado los informes de los técnicos y los diferentes dictámenes emitidos, pero lo cierto es que los dos polémicos decretos fueron aprobados pese a los reparos de la Intervención Municipal, que advirtió al entonces alcalde de que no se ajustaban a la legalidad.

Incumplimientos

Esta vertiente del caso Grúas, en la que además de Clavijo y los siete empresarios está encartado el ahora alcalde, José Alberto Díaz, tiene su núcleo en lo acaecido entre los años 2011 y 2015, período en que tales empresarios controlaron la concesión de grúas con pésimos resultados para la empresa. Aunque la compañía acumuló incumplimientos lo suficientemente graves como para justificar que el Ayuntamiento rescatase la concesión, el Consistorio optó primero por intervenir la empresa y luego por conceder el crédito de 120.000 euros y prorrogar la concesión. Tales decisiones, entiende la Audiencia Provincial, presentan indicios suficientes como para que continúe la investigación judicial, para lo cual la jueza lagunera ya ha planteado que la causa se eleve al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dado que Clavijo es aforado.

La posibilidad de que el actual presidente regional sea imputado justo en vísperas del año electoral ha causado enorme preocupación entre los barones territoriales de Coalición Canaria.

La Audiencia aclaró ya que el entonces alcalde debe prestar declaración

“Tampoco cabe excluir en este momento que, en su caso, la autoridad que las dictó [Fernando Clavijo], a quien siquiera se ha oído, no haya actuado con plena conciencia de que resolvía al margen del ordenamiento jurídico y voluntad de hacerlo”. Es el párrafo incluido en el auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en el que, con fecha del pasado 18 de octubre, ordena seguir con la investigación judicial de la vertiente política del llamado caso Grúas. Aunque con estilo indirecto, la Audiencia determinó entonces imprescindible que Clavijo preste declaración sobre los hechos que ahora se encuentran bajo sospecha, y que reúnen indicios suficientes sobre presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias como para continuar con las diligencias. Desde hace prácticamente un año, DIARIO DE AVISOS informa con detalle de todo lo relacionado con el caso Grúas, que ha pasado de ser un tema de carácter local a situarse en el centro de la actualidad política regional ante la perspectiva de que Clavijo sea declarado como investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

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