CASO GRÚAS - LA LAGUNA

Fernando Clavijo se enfrenta a posibles acusaciones por prevaricación, malversación y tráfico de influencias

Inquietud y preocupación en Coalición Canaria ante la perspectiva de que el caso Grúas se eleve al TSJC y su instrucción, al ser declarada como compleja, se prolongue hasta las próximas elecciones

Fernando Clavijo y José Alberto Díaz
Fernando Clavijo y José Alberto Díaz son, junto a los siete empresarios citados a declarar el próximo Martes, son los encartados en esta causa. DA

Aún no se ha decidido si se eleva al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), pero el caso Grúas, desvelado por DIARIO DE AVISOS desde el pasado enero, ya está en el centro de la política regional. Ello se debe a que el principal encartado es el exalcalde de La Laguna y hoy presidente regional, Fernando Clavijo, quien se enfrenta a posibles acusaciones por tres delitos: prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Es la Audiencia provincial la que sostiene que hay “indicios suficientes de la comisión de tales delitos”, por lo que la inquietud aumenta por horas entre los barones territoriales de Coalición Canaria, asustados ante la perspectiva de que la instrucción sea declarada compleja (como ya pide la Fiscalía) y dure 18 meses. O sea, hasta prácticamente las próximas elecciones. Hay que dejar a la Justicia que trabaje: primero tendrá que decidir la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna si finalmente se inhibe, y luego serán los magistrados de la Sala de lo Penal del TSJC quienes aceptarán o no seguir con el caso.

Los decretos

Los tres delitos referidos obedecen a tres decretos dictados en la etapa de Clavijo en La Laguna: los número 858/2014 y 1284/2014 (firmados por Fernando Clavijo) y el 1125/2014, obra del concejal Antonio Pérez Godiño, si bien en justicia este último obedece a uno de los del hoy presidente regional, a tal punto que Godiño no está implicado en estas diligencias. Quienes sí acompañan al presidente regional son el hoy alcalde, José Alberto Díaz, y siete empresarios que detentaron la concesión de grúas durante la polémica etapa. En esos decretos se aprueba un crédito de 120.000 euros a la empresa de grúas y se le prorroga sin base contractual otros cinco años la concesión del servicio.

Los delitos

Veamos en qué consisten los delitos de los que se observan ahora indicios. La prevaricación se comete cuando se “dicta una resolución arbitraria, a sabiendas de su injusticia”, tal y como describe el Código Penal. La modalidad de malversación de fondos públicos que nos ocupa llega cuando “se destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones”. Por último, el tráfico de influencias tiene lugar cuando el “funcionario público o autoridad influye en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero”.

El préstamo

Como advirtió en su día la Intervención Municipal a Clavijo y luego recoge con detalle el auto de la Audiencia provincial, los indicios que ponen en duda la legalidad de ese préstamo de 120.000 euros a la concesionaria son tan relevantes como numerosos. Tras una primera propuesta que hubo que corregir por lo calamitoso de la misma, la Alcaldía tuvo que repararla y, por ejemplo, lo que era anticipo pasó a ser préstamo. Pero tampoco las correcciones convencieron al interventor, quien como detalla la Audiencia, “señaló que faltaban especificaciones fundamentales en la regulación de las condiciones del préstamo, como la duración del préstamo , sin que fuera posible exceder de la duración de la concesión, lo que no quedaba acreditado en el expediente Y de otra parte, se señaló que debería garantizarse que la facturación futura del contrato vigente, fuera suficiente para restituir el importe de la operación, con cargo a futuros derechos económicos del concesionario. A partir de la fecha de la concesión del préstamo, tampoco se señalaban las condiciones cuyo incumplimiento determina la ejecución de la garantía”. Para justificar su empecinamiento, Clavijo se apoyó (como ha hecho en otras ocasiones) en dos catedráticos de la Universidad de La Laguna a los que ni siquiera llegó a hacer caso del todo, dado que “los expertos consultados consideraban que debía coincidir [la devolución del préstamo] con la finalización de la asunción temporal del servicio, si bien no quedó reflejada esta condición, en la parte dispositiva de la propuesta de resolución” del crédito, siempre en palabras de la Audiencia provincial.

La prórroga

El contrato inicial de esta concesión se remonta a 2004, cuando fue asumida por José Padilla, el antecesor de los siete. Este contrato de concesión solo preveía una duración inicial de 5 años más una única prórroga de otros 5 años ya ejecutada. Estamos en 2014, así que el tiempo está cumplido y Clavijo no puede satisfacer esa condición temporal de ligar el préstamo al fin de la concesión, así que llegó la otra decisión ahora puesta en tela de juicio: en vez de realizar un nuevo concurso para adjudicar la concesión, “mediante Decreto del Sr. Alcalde D. Fernando Clavijo nº 1284 /2014 de 26 de agosto de 2016, se resolvió levantar los reparos formulados por la Intervención Municipal en sus informes de 31 de julio y 22 de agosto de 2014, en relación con el expediente de prórroga (…) por un periodo de cinco años , comprendidos entre el 28 de agosto de 2014 y el 27 de agosto de 2018 inclusives, por importe máximo anual de 650.000 euros”. Todos estos hechos son los señalados por la Audiencia como indicios de la comisión de prevaricación y malversación.

“Vínculos personales”

Volvamos a los apuros de tiempo. Devienen de otra decisión más que discutible y que, de nuevo, resulta otro indicio sobre un supuesto trato de favor a los siete empresarios, de los que la Audiencia dice que “algunos de sus socios adquirientes de las participaciones sociales pudieran tener vinculaciones personales con el Sr. Alcalde D. Fernando Clavijo”. Porque esos siete empresarios adquirieron la empresa directamente del anterior concesionario, José Padilla, en una operación que “no consta en las actuaciones que se efectuara, con autorización o conocimiento del Ayuntamiento de La Laguna”, pese a que en el contrato de concesión se prohíba expresamente sin “autorización expresa del Ayuntamiento”. También explica la Audiencia que la concesionaria de los siete tenía como razón social la dirección de una Administración de Fincas antaño propiedad de Clavijo. Estos supuestos nexos, junto a otros que siguen sin ser investigados en esta causa, son los indicios de que, en el global, apuntan al tráfico de influencias.

No es un desguace, es un depósito del servicio municipal de grúas en La Laguna, donde supuestamente se sacaban piezas de los coches, algunos de ellos retirados apenas unos días antes. DA
No es un desguace, es un depósito del servicio municipal de grúas en La Laguna, donde supuestamente se sacaban piezas de los coches, algunos de ellos retirados apenas unos días antes. DA

El exalcalde, al que le contó lo que pasaba: “Usted póngase a trabajar”

“Usted póngase a trabajar”. Así habría respondido el entonces alcalde de La Laguna y hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al ser informado sobre la presunta venta por internet de piezas robadas a vehículos retirados por el servicio de grúas municipal lagunero. Lo contó en su día a DIARIO DE AVISOS José Luis Ramos, entonces empleado de la concesionaria municipal (Autogrúas Poli), que poco después de denunciar los hechos fue despedido.

Ramos asegura que la escueta conversación tuvo lugar en la calle tras un encuentro casual, ya que por aquel entonces no lograban que Clavijo les recibiera en el despacho oficial. Es más, estos trabajadores tuvieron que plantarse en la puerta de dicho despacho en 2013 para que al fin el alcalde se aviniera a una reunión: “Tampoco es que hablara mucho aquel día; en realidad, no dijo absolutamente nada mientras estuvimos allí”, recuerda Ramos. Fue justo tras esa reunión forzada cuando se produjo el despido de Ramos.

Tal desafección de quien entonces era el principal responsable del Ayuntamiento de La Laguna no se corresponde con la gravedad de la situación que atravesaba este servicio de grúas por aquellos días. Aunque ya sería bastante la mera sospecha de que vehículos de los vecinos retirados por las grúas de la concesionaria municipal eran desmontados y sus piezas vendidas por internet, hay que recordar que los trabajadores no cobraban en tiempo y forma o que las grúas carecían de las preceptivas tarjetas de transporte.