Continúan las comparecencias parlamentarias del Gobierno de Canarias para detallar el proyecto de ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2018. Nieves Lady Barreto ofreció ayer las cifras de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, que estará dotada inicialmente con 99.945.676 (el 1,43% del total). Esto supone un aumento del 22,16% respecto a 2017. En un departamento con tantas áreas como este, prácticamente no dio tiempo a extenderse en ningún aspecto en particular.
Predominaron las referencias medioambientales y al desarrollo de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos, al que se dedican 4.100.000 euros. La diputada del PP Luz Reverón profirió que la “pata coja” es la falta de un plan específico en torno al control de los vertidos al mar. Manuel Marrero (Podemos) también lo reclamó y, entre otras propuestas, sugirió la activación de un portal exclusivo con información sobre las microalgas. Barreto precisó que la gestión de los vertidos al mar corresponde a los ayuntamientos y los cabildos. Aun así, explicó que el Ejecutivo ha destinado 235.000 euros “para colaborar y que se pongan al día”. Acerca de los vertederos ilegales, recordó lo que ya anunció en septiembre: “Los 24 vertederos de residuos ilegales que hay en Canarias [por los cuales la Comisión Europea ha sancionado a España] estarán sellados a lo largo de 2018”.
La consejera incidió en que, “por primera vez”, estas cuentas permiten al Ejecutivo regional volcarse en resolver los problemas y en aplicar “políticas medioambientales de verdad”.
Por campos de acción, a Políticas Territoriales se derivan 15.555.867 euros (el 15,56%); a Políticas Medioambientales, 41.123.176 euros (41,15%); Seguridad y Emergencias, 28.851.943 (28,87%), y diversos conceptos, 14.414.690 euros (14,13%): a la redacción de planes generales, 1.945.000 euros; al programa de apoyo a las corporaciones locales, 1.100.000; a la continuación de planeamiento, 619.000 euros; a formación, 136.000; al observatorio del paisaje, 200.000 euros, y a la oficina de consulta técnica y jurídica para los ayuntamientos y los cabildos, 100.000 euros.
Melodie Mendoza (ASG) instó a impulsar el traspaso de las competencias de los parques nacionales de la Caldera de Taburiente (La Palma) y el del Garajonay (La Gomera) a los respectivos cabildos, tal como se prometió hace dos años, y criticó que esta partida retroceda en 70.000 euros.
Desde Nueva Canarias (NC), Esther González reclamó una mayor atención a la inspección ambiental mediante el incremento de los efectivos tras “el grave problema de los vertidos incontrolados del verano”. La presidenta del grupo aireó la “contradicción” de apelar a la “demanda social” de la racionalización de la normativa de la ordenación del territorio a la vez que “se ningunea un desarrollo económico sostenible, que no atente contra la biodiversidad”. Podemos fundamentó su intervención en que los Presupuestos de 2018 “obedecen a una amalgama de insularismos y no a una concepción de país”. Además del plan de lucha contra los vertidos al mar, Marrero pidió una provisión de 700.000 euros para la creación de un programa contra el maltrato animal.
Nayra Alemán (PSOE) aseveró que el Presupuesto es “injusto” en determinados criterios por islas, llamó a priorizar la seguridad y a prestar más cuidado a la protección de los animales.
Guadalupe González Taño (CC-PNC) diferenció los conceptos de insularidad e insularismo.
Barreto ‘eleva’ el nivel de ejecución del 44,6% al 93,4% en un mes
A los grupos parlamentarios les parece “generoso” el presupuesto de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para 2018. Sin embargo, la oposición cuestionó ayer la capacidad de ejecución: menos de la mitad (44,6%) a 30 de septiembre, que Barreto elevó al 93,4% a 2 de noviembre.
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