CASO GRÚAS - LA LAGUNA

Impacto en CC ante el incierto futuro judicial de Fernando Clavijo por el caso Grúas

Sede de Presidencia del Gobierno de Canarias. | DA

Impacto en Coalición Canaria (CC) tras conocer, gracias a DIARIO DE AVISOS, que un juzgado lagunero tramita la posible elevación al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de la causa abierta por el llamado caso Grúas, dado que así lo obliga la condición como aforado del implicado más relevante por estos hechos: el actual presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo.

La preocupación suscitada entre los pesos pesados de CC de las distintas islas está plenamente justificada, al tratarse de un proceso susceptible de ser catalogado como complejo, lo que alargaría su instrucción hasta los 18 meses de duración. De lo factible que es tal posibilidad da cuenta un hecho: así lo ha solicitado el fiscal que trata la causa en el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna.

En caso de que así fuera, basta con la aritmética para vislumbrar un escenario político temible para los coalicioneros, a buen seguro espantados ante la posibilidad de que su hoy primer espada presente tan incierto futuro judicial y llegue en tal condición hasta las vísperas de las próximas elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2019.

En todo caso, no se trataría de una alarma injustificada, por cuanto en este procedimiento se dirimen (tal y como se recoge explícitamente tanto por parte de la Audiencia Provincial como por el propio juzgado lagunero) las posibles responsabilidades derivadas de la presunta comisión de tres delitos: prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

Mientras la magistrada titular del citado juzgado de La Laguna resuelve su posible inhibición en este caso, cabe recordar que el próximo martes prestarán declaración en el mismo los siete empresarios que en su día detentaron la concesión del servicio municipal de grúas, sin contar con la preceptiva licencia de transporte o no estar al día con la Seguridad Social y las nóminas, entre otras irregularidades. Hay sospechas de que estos siete empresarios tienen, en expresión recogida por el auto de la Audiencia Provincial, posibles “vinculaciones personales” con el propio Clavijo, como apunta un párrafo de dicho auto: “Se advierte que dicha entidad mercantil [la concesionaria de los siete empresarios] durante un tiempo indicó, en escritos dirigidos a órganos judiciales el 30 de abril de 2012, que tenía su sede a efectos de notificaciones en el número 13 de la Avenida Lucas Vega, Edificio Parra de La Laguna, donde también se ubicaba el domicilio social de la entidad Administración Ecológica S. L., sociedad de la que Fernando Clavijo fue administrador hasta marzo de 2009”. También el anterior concesionario, José Padilla, aludió bajo juramento a esos supuestos nexos entre los empresarios y el entonces alcalde lagunero y hoy presidente.

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Faltan los papeles

En las providencias del juzgado lagunero desveladas ayer por DIARIO DE AVISOS llama poderosamente la atención el hecho de que, en dos semanas, el Ayuntamiento que preside José Alberto Díaz (CC) no ha logrado recorrer los 100 metros de distancia para facilitar a dicho juzgado la documentación del caso Grúas. En concreto, fue la primera providencia, dictada el pasado 31 de octubre, donde la magistrada competente ordena lo siguiente: “Recábese del Ayuntamiento la documentación obrante relativa a los Decretos 858/14, 1284/14 y 1125/14, dictados por el Sr. Clavijo Batlle y Sr. Pérez Godiño”.

Distancia existente que debe recorrer un funcionario del Ayuntamiento para entregar la documentación exigida por el Juzgado hace ya dos semanas. DA

Tales decretos recogen la decisión de Clavijo (en realidad, el de Pérez Godiño no es más que la base de uno de los del entonces alcalde) de levantar los reparos de la Intervención Municipal que alertaban sobre la posible ilegalidad en aspectos que versan sobre un crédito de 120.000 euros y una prórroga de la concesión no ajustada al vínculo contractual, justo cuando la empresa beneficiada había incumplido gravemente sus responsabilidades, por lo que la legislación vigente obliga a rescindir tal contrato. Sin embargo, la orden de la jueza sigue sin ser acatada y, en una nueva providencia dictada por la misma con fecha del pasado 10 de noviembre, se detalla que “no habiendo recibido respuesta al oficio enviado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de La Laguna, remítase recordatorio”.

Lo cierto es que, tal y como explicaba ayer a este periódico el que fuera presidente de la comisión municipal que estudió el caso Grúas, Antonio Alarcó (PP), la documentación que solicita el juzgado está más que recopilada y localizada, por cuanto fue el núcleo del trabajo llevado a cabo en la misma. “Se trata de más de 3.000 folios que en su día ya fueron remitidos al juzgado, que a su vez los devolvió; ahora los ha solicitado otra vez, dado que la Audiencia Provincial ha ordenado continuar con la investigación penal”, detallaba el portavoz de los populares laguneros.

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La demora en la entrega de estos papeles es duramente criticada desde la oposición, que recuerda que José Alberto Díaz está también implicado por esta causa, junto a Fernando Clavijo y los siete empresarios que en su día disfrutaron de la concesión de las grúas municipales.

José Alberto Díaz (CC), alcalde de La Laguna | Sergio Méndez
José Alberto Díaz (CC), alcalde de La Laguna | Sergio Méndez

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