güímar

El juez ordena la inspección del que califican ‘geriátrico pirata’ de Güímar

Se presentó esta mañana por sorpresa, junto a la jefa inspectora de la Viceconsejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias y la Guardia Civil, para elaborar un informe sobre las condiciones del centro
Un vehículo de la Guardia Civil, esta mañana en el exterior de la residencia / DA

El magistrado titular del Juzgado Número 1 de Güímar, a instancias de la denuncia interpuesta por la Viceconsejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, ordenó hoy, por sorpresa, la inspección de la que fuera residencia Sor María de Jesús, en Güímar, que, según su propietaria, desde enero se convirtió en centro de terapias alternativas y desde junio en un hostal. Hasta el centro, ubicado en la calle El Calvario, en Las Tanquillas, en el casco de Güímar, se trasladaron esta mañana el juez y la jefe técnica de Inspección de la Viceconsejería regional de Políticas Sociales, teniendo que forzar la puerta la Guardia Civil, sin que en el interior se encontrara la propietaria del centro.

Según se informa desde el Ayuntamiento de Güímar, la inspección ordenada por el juez se concretó en entrevistas a los ancianos allí residentes y en documentación de contratos, que servirá para elaborar el informe de la Viceconsejería de Políticas Sociales, que desde mayo ha querido clausurar el centro calificado de “pirata” por el viceconsejero Francisco Candil, quien ante los presuntos incumplimientos de la directora del centro para permitir la inspección ha tenido que esperar a la orden judicial para ejecutarla.

Tanto la Viceconsejería como el Ayuntamiento de Güímar se han personado en la causa por las irregularidades observadas a lo largo de este año en el centro, después de que en mayo la propietaria diera de baja a algunos ancianos, recogidos por sus familiares, y al resto los trasladara, supuestamente, a un chalet en Arafo, regresando otra vez al inmueble de Las Tanquillas, en esta ocasión con la denominación de hostal.

Francisco Candil recordó que “una cosa es que se aprovechen resquicios legales y administrativos, que es lo que está haciendo esta señora para poder continuar con la actividad, y otra es que nosotros vayamos a permitir que esta situación continúe. A nuestro entender existe un posible delito de abandono y maltrato de mayores”.

Candil señaló hace unos meses, cuando no se pudo ejecutar el cierre cautelar del centro, que “si ustedes me preguntan qué me pide el sentido común, les diría que me iría ahora mismo allí y cerraría el centro de manera inmediata, pero tenemos que respetar los procedimientos”.

Según la directora del centro, el cese definitivo de la actividad de geriátrico se produjo el 31 de enero de 2017, siendo registrado el 16 de febrero, para después lograr el alta como centro de terapias alternativas y como alojamiento turístico extrahotelero, cambios de actividad de los que no tienen constancia ni en la Viceconsejería ni en el Ayuntamiento, a los que supuestamente se les ha impedido, según relatan desde esas administraciones, las distintas inspecciones solicitadas, a raíz de denuncias interpuestas por familiares y trabajadores del centro, que hasta ahora han sido archivadas.

TE PUEDE INTERESAR