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El juicio del ‘caso Los Tarajales’ da marcha atrás nada más arrancar

La jueza decide aplazarlo por la aparición del supuesto de estafa en el auto de apertura, un delito que debería tratar la Audiencia Provincial y no el Juzgado de Los Llanos de Aridane

El juicio del caso Los Tarajales tendrá que esperar todavía más tiempo para celebrarse. La sesión inicial de ayer no pasó de las alegaciones de las partes, en las que tanto el Fiscal como la acusación y parte de la defensa pusieron de manifiesto que el auto de apertura del juicio oral incluye una referencia al presunto delito de estafa agravada, que tendría que ser juzgada por la Audiencia Provincial y no por el Penal número 7, donde se remitió. Este auto además entra en contradicción con el del procedimiento abreviado de la Audiencia Provincial, que descartaba el delito de estafa.

Así las cosas, la jueza determinó devolver el auto de apertura, que hace referencia tanto al delito de estafa como al de ordenación del territorio, para que aclare esta “importante contradicción” al hacer competente a dicho juzgado de este caso, cuando por el primer supuesto debería serlo la Audiencia.

“En el caso de que el órgano de instrucción considere que ha habido un error material en la parte dispositiva, rectificará y remitirá la causa a la Audiencia Provincial”, explicó la jueza. En caso contrario, tendrá que dictar un nuevo auto que excluya la referencia a la estafa y lo vuelva a remitir al Juzgado de Los Llanos.

Se dilata así aún más el pleito por la autorización que dio en 2006 el Ayuntamiento de Tazacorte a la construcción de un edificio en el Puerto, que estaría afectado por la Ley de Costas y que mantiene al alcalde, Ángel Pablo Rodríguez, a 4 exconcejales que formaban el Gobierno local de UB-CC y al arquitecto municipal imputados, con la solicitud del Ministerio Público de penas de cárcel e inhabilitación para cargo público.

Fue el Fiscal quien arrancó su exposición poniendo de manifiesto esta contradicción y la necesidad de que este caso fuera visto por la Audiencia por la aparición en el auto del presunto de estafa agravada, que en el escrito de acusación del Ministerio Público tampoco se apreciaba. El abogado que representa a la empresa Inversiones Cook, como acusación popular, recordó que desde el inicio del procedimiento apuntaron a este delito y solicitó también su remisión a la Audiencia.

El letrado del arquitecto criticó la instrucción de este caso, que “ha sido caótica, larguísima, con una duración de casi 10 años”. Y señaló que las causas argumentadas para la supensión del juicio “son de una fuerza jurídica que son difíciles de salvar”.

LEGALIDAD

El alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez, defendió a la salida de la sala de vistas donde se inició el juicio, sesión que duró alrededor de dos horas, la legalidad de la licencia que otorgó en su momento el Ayuntamiento para la construcción del inmueble.

“Cuando dimos la licencia era perfectamente legal. La licencia no está recurrida, tiene los informes correspondientes y lo más importante es que en ese momento el deslinde de costas era de 20 metros y se podía construir”. “Luego -prosiguió- hay cuestiones sobrevenidas, pero los actos firmes, a pesar de las anulaciones, según las leyes de nuestro país, hay que mantenerlos”.

El regidor bagañete no ocultó que hubiera deseado que el juicio se celebrase estos días tal y como estaba previsto, después de un largo procedimiento, y lamentó que “estamos condenados a los aplazamientos”. “Nosotros creemos en la justicia y se ha hecho con buen criterio, porque hay que aclarar muy bien las cosas para que nadie se sienta perjudicado”. Ángel Pablo estuvo acompañado en la sala por miembros del actual grupo de Gobierno de Tazacorte.

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